Aspectos, a más, en materia compatibilidad funcionarial

Una vez que hemos desarrollado en otro artículo pequeñas pero muy importantes precisiones respecto de la aprobación de una compatibilidad funcionarial (tales como los elementos retributivos y la jornada de los propios funcionarios), vamos a terminar de ver qué últimas cuestiones específicas inciden en esta cuestión. Comenzamos con lo que se conoce como factor de compatibilidad, que se encuentra regulado en el artículo 16 de la Ley 53/1984, en el sentido de que no será posible para el personal de las administraciones públicas obtener autorización para realizar una actividad privada, mediante la aprobación de la correspondiente compatibilidad, si las retribuciones complementarias a las que tengan derecho los interesados por su situación, incluya el factor de compatibilidad que se le abona, que percibe, el personal directivo. Así las cosas, esta retribución específica, al margen del concepto de productividad que ya hemos visto en otro artículo publicado, se erige en un impedimento respecto de la realización de actividades en el ámbito privado cuando se ostentan determinadas posiciones. En este caso, la norma entiende que cuando se es personal directivo la compatibilidad no es posible si se percibe el factor de compatibilidad, es decir, si se compensa el hecho concreto de que no se pueda realizar por el personal directivo una actividad privada (ello dejando al margen la realización de actividades directamente aprobadas, así como también reguladas ab initio en la Ley, tales como la docencia).

A su vez, existe una excepción, en términos de compatibilidad, relativa a la actividad consistente en la formación de funcionarios cuando dicha actividad no tenga carácter habitual ni suponga más de 75 horas anuales. En concreto, cuando las horas dedicadas a la formación de funcionarios, en cómputo anual y de forma no habitual, asciendan como máximo y como decimos a 75, con independencia del mecanismo elegido para hacerlo, no es exigible la solicitud de la compatibilidad. Ello lo confirma el desarrollo reglamentario contenido en el artículo 17.2 del RD 598/1985, que refiere el meritado límite de 75 horas, así como el hecho de que las mismas no podrán implicar incumplimiento de horario de trabajo.

En consonancia con lo anterior, y sensu contrario, existe en principio una exención de solicitud de compatibilidad cuando se vaya a ostentar el 100% de una sociedad, siendo un tercero el administrador, y colaborando el socio con el límite de las 75 horas anuales. En este supuesto, o en este orden de cosas, y dado el tenor del artículo 12 de la Ley 53/1984 [apartados b) a d)], el límite (la prohibición) está en el hecho de que el funcionario sea consejero o administrador en empresas que tengan una actividad vinculada a la que se desarrolla como funcionario, así como en el de ostentarse cargo alguno o ser propietario de más de un 10% de participación en empresas que mantengan acuerdos o actividades (contratos, concesiones…etc.) o avales públicos con, o por parte, de la administración. Dicho lo cual, en nuestra opinión, lo que está exento de petición de compatibilidad de manera expresa es la realización de las 75 horas anuales de forma no habitual (así como todo lo expresado en el artículo 19 de la Ley 53/1984), por lo que la constitución de la sociedad, aunque sea para cuestiones no prohibidas por el artículo 12 de la Ley 53/1984, debe solicitarse (entiéndase, y he aquí el motivo de la opinión que vertemos, que si se es 100% titular de una sociedad, con independencia de que se realicen las 75 horas anuales o no, el socio que es funcionario será retribuido por una actividad privada, en este caso mediante el reparto del beneficio societario).

Por todo ello, y dejando de lado los pormenores referidos a los requisitos específicos tanto en este artículo como en otros anteriores ya publicados, así como a los generales, lo que queda claro es que toda compatibilidad debe ser solicitada y su aceptación o denegación motivada como acto administrativo por parte de la Administración implicada por aplicación de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, sin que en ningún caso pueda concurrir en la actividad decisoria de la propia Administración arbitrariedad alguna tal y como sanciona el artículo 9.3 de la Constitución, pudiendo ser la resolución final desafiada en su caso mediante recurso administrativo o contencioso administrativo.

0
Comentarios

    Deja un comentario

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *