Concreciones a la aprobación de una compatibilidad funcionarial

Cuando de solicitar una compatibilidad a nivel funcionarial se trata, para ejercer una actividad privada aprobada por la propia Administración, siempre se dan condicionantes terceros al margen de la compatibilidad propiamente dicha, esto es, a la autorización emitida por el Servicio o unidad que corresponda. Dichos elementos pueden incidir, y de hecho inciden, en la pretensión del funcionario público. Uno de dichos condicionantes tiene que ver con el límite de horas trabajadas y la jornada que tiene el funcionario en la Administración pública. En tal sentido, de conformidad con el artículo 12.2 de la Ley 53/1984, norma básica a estos efectos, si la actividad privada requiere que el funcionario la realice en un horario igual o superior a la mitad de la jornada que tenga el propio funcionario en su unidad administrativa, la autorización únicamente podrá darse si la prestación pública que se realiza lo es a tiempo parcial según la propia norma. Por ello, si el horario del funcionario que solicita la compatibilidad es estándar (una jornada a tiempo parcial es la que no supera las 30 horas semanales por aplicación del artículo 14 del RD 598/1985), debe entenderse que las horas dedicadas a la actividad privada autorizada en cómputo semanal deben ser inferiores a la mitad de su jornada ordinaria en la administración. Ello se erige en un mecanismo que tiene una doble pretensión; en primer lugar, que el número de horas trabajadas por el funcionario en su actividad privada, junto con las que realice a favor de la administración pública, no supere un determinado número en cómputo semanal por una mera cuestión de salubridad laboral. Por otro lado, claramente se pretende que la realización de una actividad privada compatible no repercuta negativamente en el rendimiento de la actividad de carácter público del funcionario.

A su vez, el elemento retributivo es igualmente un aspecto de vital importancia. En particular, el artículo 16.4 de la Ley 53/1984 instituye otra exigencia en relación con el reconocimiento de la compatibilidad, cual es la de que, y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en la propia Ley (a las que nos hemos referido en otro artículo ya publicado en esta web, y que le invitamos a leer) solo podrá reconocerse la compatibilidad cuando se desempeñen puestos de trabajo que impliquen la percepción de complementos específicos que no superen el 30% de la retribución básica. Si esta circunstancia concurre en el caso del funcionario público que solicita la compatibilidad, la conclusión será que dicha compatibilidad no podrá ser autorizada a no ser que se renuncie al propio complemento.

En este último elemento, el relativo a la posibilidad de renunciar el complemento específico, la jurisprudencia inicialmente fue contradictoria si bien con cierta inclinación por sancionar que el complemento específico lo era en abstracto, esto es, que era inherente al puesto de trabajo y que por lo tanto podía renunciarse al mismo o solicitarse su reducción para poderse cumplir con el referido límite del 30%. Ello abrió la puerta a que, y con fecha 13 de julio de 2012, se aprobase el Real Decreto-Ley 20/2012, de Medidas para Garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad, en cuya Disposición Adicional 5ª se estipuló que los funcionarios de la Administración General del Estado incluidos en los Subgrupos A1 y A2, que igualmente estuviesen dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, podrían renunciar al complemento específico ante sus correspondientes Direcciones de recursos humanos u órganos análogos competentes para poder obtener la compatibilidad. Por ello, el límite instituido en el artículo 16.4 de la Ley 53/1984 es salvable en términos de cumplimiento de normativa retributiva de cara a la obtención de la compatibilidad. La buena noticia a este respecto es que lo anterior, y al amparo de los principios de igualdad y no discriminación, abrió según la doctrina más extendida la puerta a que pueda también solicitarse con ciertas garantías de éxito la reducción hasta el 30% del complemento específico en las Administraciones autonómica y local de cara a la obtención de la compatibilidad, por lo que el abanico de posibilidades se abre de manera relevante para no pocos funcionarios, siempre y cuando se cumplan con el resto de prescripciones legales en base a la correspondiente normativa autonómica o local que resulte de aplicación en términos territoriales o competenciales.

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