Condenado a tres años de prisión por clonar tarjetas de crédito

Las tarjetas de crédito falsificadas suponen un grave peligro y daño social, tal y como advierte el Tribunal Supremo. En oflegal.es te lo contamos:

Recientemente, la Sala de lo Penal de este tribunal ha impuesto una condena de tres años de prisión a un hombre que habría colaborado en el clonado de tarjetas de crédito. Posteriormente, estas tarjetas se utilizaron fraudulentamente, cargando los pagos a los titulares de las originales.

El tribunal, cuyo orador ha sido el magistrado Vicente Magro Servet, destaca de la sentencia que clonar tarjetas de crédito ataca a todo el sistema comercial no solo a la persona a la que se le ha sustraído la tarjeta.

Y es que, por un lado, se perjudica seriamente al titular de la tarjeta, que temporalmente se ve privado del importe del gasto en su cuenta. Pero, por otro lado, se ataca a la entidad bancaria que tiene la obligación de resarcir al perjudicado el importe de la suma sustraída y, en última instancia, se pone en riesgo el mercado financiero con la introducción de dinero de plástico falsificado para la adquisición de bienes.

La Sala pone de manifiesto la necesidad de un mayor control por el sistema para evitar este tipo de perjuicios, muy graves, en el sistema financiero. Perjuicios entre los que se incluye la falta de confianza por parte los usuarios, que se crea.

Mecanismos de protección

Por un lado, las entidades bancarias deben mejorar los mecanismos de protección, y por otro, el legislador debe mejorar el sistema de persecución para tutelar los derechos e intereses de los perjudicados, no solo del propietario de la tarjeta, sino también de la entidad bancaria que se ve forzada a satisfacer la suma robada al cliente.

En relación a los anterior, el tribunal afirma, que “esta clase de relaciones obliga al establecimiento de sistemas de seguridad eficaces en la transmisión de los datos y de las operaciones realizadas que refuercen la confianza de los usuarios en el sistema, y, sobre todo, que se persiga la protección de la la estabilidad en las transacciones comerciales”.

Y es que, un adecuado sistema de protección y control para evitar estos delitos permite “una mayor fluidez de las operaciones comerciales, mayor confianza en el comerciante en que quien utiliza la tarjeta, en su titular y que quien le atiende se vea imposibilitado y no procederá al clonado de la tarjeta.

La sentencia en relación al sistema financiero

La sentencia también incluye datos sobre la relevancia de estas conductas en el sistema financiero, que se encuentran reflejados en la Memoria anual de vigilancia de las infraestructuras de los mercados financieros 2018, elaborada por el Banco de España.

Aquí quedan registrados los datos de las operaciones realizadas con tarjeta de crédito durante ese año, el valor de esas transacciones, así como el número de operaciones fraudulentas con tarjetas y el importe que significaron.

La Sala concluye que el comercio en particular es el que menos tiene que perder, pues al final el dinero entra en su cuenta corriente con la venta del bien y no tiene motivo de reclamar, pero sí supone un agravio contra la reputación del comercio electrónico en general.

El titular de la tarjeta sufre el agravio de la perdida temporal de sus recursos económicos, y también de la confianza, pero al final es indemnizado por su banco. En última instancia, los más perjudicados son los bancos que deben asumir las pérdidas ocasionadas por esta metodología delictiva. De este modo, los recursos informáticos deben trabajar para impedir este tipo de actos delictivos para que el sistema comercial, bancario y financiero de este país no sea vea afectado.

Desestimación del recurso

El tribunal, así mismo, ha desestimado el recurso de anulación que fue planteado por el condenado contra la sentencia, que le imputó la pena de prisión por ser el autor de un delito continuado de falsificación de tarjetas de débito y de crédito, en concurso medial, es decir, un delito continuado de falsificación y posterior estafa.

Según los hechos que han sido demostrados, el acusado fue el que propuso a un trabajador de una gasolinera de Laguna del Duero, en Valladolid, y que ya ha sido condenado por colaboración, que realizase las copias de las tarjetas de crédito y de débito de los clientes que pagaban con ellas para así poder obtener y almacenar los datos de sus bandas magnéticas utilizando un skimmer.

De este modo, la tarjeta era devuelta al cliente sin que hubiese ningún indicio de sospecha. EL empleado estuvo realizando esta actividad delictiva en la gasolinera entre el 21 de marzo y el 5 de abril de 2009. Con los datos obtenidos, se elaboraban nuevas tarjetas falsas clonadas, que mantenían la banda magnética de la original, pero que con los datos personales de quien iba a utilizarla.

El usuario compraba libremente, pero los cargos se efectuaban en cuenta del titular de la tarjeta que había sido copiada.

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