Conveniencia o no de impugnar el cese por parte de los funcionarios interinos o el personal eventual de la administración

Recibimos muchas llamadas en el despacho de funcionarios interinos o de personal eventual de la administración pública preguntándonos que opciones tienen en relación con su inminente cese o con la inclusión de su plaza en una oferta de empleo público. Lo primero que debe decirse es algo muy evidente, a saber; cuando alguna de las circunstancias anteriores sucede, uno pude actuar o no, no hay más. Efectivamente la inactividad (la no interposición de recursos en vía administrativa o la no presentación de alegaciones en su caso) tiene el efecto de que las decisiones que adopta la administración se consoliden y sean por tanto inamovibles para uno (podrá posteriormente haber más actos administrativos que recurrir, pero los consolidados, los firmes, insistimos, ya no serán podrán ser objeto de remoción por el afectado). Una vez que el profesional implicado en una resolución de estas características decide actuar entremos en la casuística que motiva dicha actuación, en el entendido de que no es lo mismo ir contra la inclusión de una plaza en la anteriormente referida oferta de empleo pública o impugnar directamente el cese. No obstante, el trasfondo de los argumentos es el mismo, ya que el objetivo es el de la permanencia en el puesto de trabajo.

Ya hemos hablado en no pocas ocasiones de los argumentos que tienen los funcionarios interinos o el personal eventual de la administración con relación laboral cuando son cesados tras muchos años en dichas posiciones profesionales, en claro abuso por parte de la administración de la normativa de contratación, ya se trate de relaciones de función pública o laborales. Ya sabemos por tanto que cuando existe amortización de plaza, la casuística puede llevar a que un juez considere que el cese es nulo y que la vuelta al puesto de trabajo pueda convertirse en un blindaje de facto tal y como ha determinado no hace mucho el Tribunal Supremo. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando lo que sucede es que la plaza se cubre por un concurso de traslados interino o por una oposición?. Aparentemente la cosa cambia porque las recientes resoluciones judiciales, las del más Alto Tribunal han versado sobre el concepto de amortización de plaza y no tanto sobre el de inclusión de plaza. Sin embargo nosotros pensamos diferente y lo diremos muy claro; no hay nada que no pueda llevar a la conclusión de que si los empleados públicos en determinadas circunstancias puedan estar protegidos (puedan no salir de sus puestos de trabajo o puedan volver a ellos) cuando se da el supuesto de amortización de plaza, no deba ocurrir lo mismo con aquellos que ven su plaza incluida en un proceso selectivo.

Podrá no parecerlo, y todavía los tribunales de justicia no han tenido la oportunidad de pronunciarse al respecto, pero entender lo contrario de lo que acabamos de decir nos conduce de lleno y de la manera más clara y nítida al constitucional principio de no discriminación e igualdad ante la Ley. Lo resumimos en pocas palabras; si un empleado público en situaciones de amortización de plaza puede estar protegido en determinadas circunstancias, por qué no pueden estarlo los que, y en la misma situación, no ven su plaza amortizada sino incluida en un concurso oposición. Resulta evidente que el medio elegido para prescindir del trabajador no puede llevar a que haya trabajadores de primera o de segunda en términos de protección de derechos, cuando los trabajadores han sufrido el mismo abuso de posición contractual por parte de la administración durante años. Entender lo contrario deja al albur del capricho la protección de algo tan serio como lo es el puesto de trabajo, si te amortizan tienes posibilidades de no salir, si te incluyen la plaza en un concurso de traslados o en una oposición directamente no hay mecanismo alguno de defensa de plaza o de puesto de trabajo. Para nosotros, si un trabajador, insistimos en determinadas circunstancias, debe volver porque la administración no ha podido justificar oportunamente que la amortización de la plaza era necesaria, también debe ocurrir lo propio, en el mismo supuesto de no justificación, o el hecho de que el trabajador no salda por considerarse blindado, si la administración pública no puede justificar los motivos que llevaron a que se incluyese la plaza en un proceso selectivo. Repetimos que entender lo contrario solo puede llevar a la conclusión de que hay trabajadores de primera y de segunda a pesar de haber total y absoluta identidad de casuísticas. Seguiremos profundizando en ello evidentemente como es menester.

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