El abuso de la contratación temporal por parte de los entes públicos.

Las administraciones públicas no son muy diferentes, o pueden no serlo, en su política de contratación estructural que las empresas privadas. Al fin y al cabo contratar a personal funcionario de carrera (es decir indefinido) o personal laboral indefinido implica un compromiso de pago salarial a largo plazocon el que no todas las administraciones están cómodas por claras cuestiones de índole presupuestario. Sin embargo ello causa problemas. Han sido muchas las sentencias que en los últimos tiempos han obligado a las administraciones a mantener en sus puestos de trabajo a profesionales (funcionarios interinos o personal laboral eventual) por el hecho de no haber respetado en sus respectivas políticas de contratación la legislación en materia de temporalidad. Ello ha llevado a lo que la jurisprudencia ha considerado un abuso y en consecuencia a determinar que la salida de este tipo de profesionales no es, cuando menos y en muchas circunstancias, del todo libre, hasta el punto de considerar que el profesional puede llegar a estar blindado. No obstante todo lo dicho con anterioridad, y aunque ha implicado un avance, se ha notado que los tribunales han pretendido salvaguardar los intereses públicos al no proteger a los trabajadores temporales de la administración por igual (lo contrario habría implicado un agujero económico difícil de soportar, mucho más en los tiempos de déficit público que corren).

Ello es así desde el momento en el que cuando las plazas de profesionales temporales se amortizan por ser cubiertas por personal funcionario (ya sea tras una oposición o un concurso de traslados), se entiende que la administración ha hecho las cosas correctamente (en relación con la amortización de la propia plaza, no con anterioridad por el abuso de la contratación temporal) y la permanencia del trabajador se hace muy difícil.Parece que según la jurisprudencia la única salida para estos trabajadores es entender que una vez se ha constatado el abuso de la administración desde un punto de vista contractual es defender que tal circunstancia les ha causado daños y perjuicios (los cuales deben, evidentemente, existir, y por supuesto tienen que demostrarse). En nuestra opinión lo anterior implica que, de facto, hay abusos de posición contractual de primera y de segunda en relación con aquellos que los experimentan.

No queda ahí las cosas porque hay administraciones que están intentando cambiar sus políticas de contratación sobre la marcha, es decir, evitar que algunos profesionales que concursaron y que ganaron su plaza no se incorporen finalmente por la vía de entender, de resolver, que el proceso no fue el más adecuado para las necesidades de la administración propiamente dicha o que el proceso selectivo adolece de vicios de nulidad o anulabilidad que impiden que el trabajador tome posesión de la plaza o firme su contrato de trabajo en el supuesto de las relaciones de índole laboral. En nuestro despacho nos hemos encontrado con algún caso. Efectivamente, las implicaciones económicas para las denominadas AAPP pueden ser tremendas a futuro si gran parte de los profesionales que se incorporan a ellas lo hacen de manera temporal. Todavía de hecho no se le ha dado salida al cómo se va a regularizar la situación o cómo se va a tratar de no perjudicar cuando menos a muchísimos trabajadores temporales de las administraciones (muchos de ellos funcionarios interinos) cuando miles y miles de plazas se saquen a oposición, y los que las ocupan de manera interina tengan que concurrir a los procesos selectivos con todos aquellos que las quieran ostentar o ganar, que viene a ser lo mismo. Lo que está claro es que las políticas de contratación pública (que no las figuras propiamente dichas) han cambiado para siemprey que el Estado, las CCAA y los Ayuntamientos o Diputaciones Provinciales no son tan ligeros a la hora de aprobar ofertas públicas de empleo.No puede obviarse que la eficacia y la eficiencia (que no es lo mismo) de la cosa pública está en entredicho por no decir en juego directamente porque una política correcta de contratación en tal sentido afecta y mucho a los resultados que toda administración debería perseguir, que no son sino la correcta gestión de las cuestiones o materias que afectan a los ciudadanos. Se entiende que habrá noticias a futuro pero una cosa está clara, cada paso que dé la administración tiene que ser fiscalizado por los destinatarios de las correspondientes resoluciones porque a día de hoy la desvinculación laboral de los entes públicos ya no es como antes y está sometida a no pocas implicaciones.

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