acoso

De todos es sabido lo complicadas que pueden ser en ocasiones las relaciones de trabajo. En este orden de cosas, siempre se tienen en mente los conflictos entre trabajadores (personal que dirige y personal que reporta por lo general, aunque no exclusivamente), y más en particular las situaciones de acoso laboral comúnmente conocidas hoy en día mediante un anglicismo (mobbing). Sin embargo, y aunque no son tan mediáticas,este tipo de casuísticas también se producen en el seno de las administraciones públicas, y de hecho están específicamente tipificadas (o para ser más exactos individualizadas) en el artículo 173 del vigente código penal junto con las que se producen entre particulares no funcionarios (relaciones de índole laboral a título privado).

La clave de lo anterior no solo está en la conducta propiamente dicha, sino también en la especial relación de superioridad jerárquica entre el funcionario y aquél al que reporta desde un punto de vista estructural u organizacional, en el entendido de que es dicha superioridad jerárquica la que determina, la que ampara o en la que se basa el acoso. Son muchas las maneras en que el acoso laboral puede manifestarse, debiéndose saber, y por lo tanto dejar claro desde un principio (y seguimos hablando del ámbito funcionarial, ya sea interino o de carrera), que la mera petición de informes de manera descontrolada y sin justificación por el mero hecho de aumentar la carga de trabajo, las malas formas reiteradas o el permanente recordatorio de que una persona no es buen profesional, son suficientes por sí mismos de ser constitutivos de acoso, aunque con algún matiz.Dicho esto, debe dejarse claro que la conducta no tiene porqué implicar o acarrear menoscabo psicológico en el profesional o funcionario (es decir, que le afecte a título personal, lo cual y por otra parte no acrecentaría sino el reproche penal e incluso la responsabilidad civil), sino que basta que se produzca “maltrato” o que la conducta sea humillante y afecte a la integridad moral de la persona (los delitos tipificados a este respecto en el código penal precisamente se denominan así; “contra la integridad moral”.Es muy amplia en consecuencia la tipología de conductas que como decimos pueden dar lugar a la constatación de un delito de acoso laboral, ya se produzca en el ámbito funcionarial o no.

Llegados a este punto la gran pregunta es; ¿y cómo se subsana? o, para ser más exactos, ¿cómo se combate o se evita el acoso laboral en el ámbito funcionarial?. No hay una manera concreta y específica para hacerlo en el sentido de que son el criterio y la correcta toma de decisiones los que pueden llevar a la evitación de este tipo de situaciones tan desagradables.Nos estamos refiriendo evidentemente a qué se puede hacer para que el acoso pare, finalice, y no haga falta acudir a la jurisdicción penal para hacerlo, lo cual es costoso en términos económicos, es escabroso por desagradable a título personal y puede tener consecuencias negativas a este respecto (privación de libertad) para el que protagoniza el mobbing propiamente dicho. Como abogados, como OfLegal, siempre decimos que el objetivo debe ser conseguir lo que se pretende sin mayores miramientos o ulteriores pretensiones, en este caso que alguien sea sancionado penalmente además de parar en su conducta. En otros términos, nunca hay que desviar la atención de aquello que más interesa. Pues bien, en nuestro despacho lo tenemos claro; el mejor mecanismo para que el acoso cese, para que nuestro cliente deje de sufrir esta conducta, con todo lo que ello conlleva, es el apercibimiento.

El acoso como delito semipúblico que es,puede acabar en los tribunales tras una querella directa o tras una denuncia ante la autoridad competente (que puede ser la policía para que ponga la cuestión en conocimiento de la fiscalía, o la fiscalía propiamente dicha). Ello (en este caso la denuncia) daría comienzo a un procedimiento de diligencias preliminares en virtud de las cuales el fiscal decidiría si hay indicios de delito suficientes para ir a juicio o no, en función de la prueba aportada. Si se tienen pruebas suficientes,la remisión de un burofax al interesado, al que acosa, aludiendo a lo anterior, y apercibiendo de denuncia, daría lugar a que dicha persona se pusiese en contacto con su abogado de cara al estudio de la comunicación, el cual se entiende que apercibiría a su cliente de las consecuencias en el caso de persistir en su conducta. Con ello el acoso cesa y el objetivo está cumplido, y si no es así, siempre que el intento de reproche penal que, evidentemente, no conviene a nadie.

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