El asesoramiento preventivo en el ámbito público-económico

Una de las cuestiones que más cuesta hacer entender, en ocasiones, a los clientes que se dirigen al Despacho para dar traslado de su necesidad de asesoramiento, es el hecho de que en lo que a las cuestiones legales se refiere siempre es cierto el dicho de que más vale prevenir que curar. Efectivamente la tendencia que tenemos todos, se trate del ámbito de que se trate, es la de acordarse de Santa Bárbara solo cuando truena, cuando el problema ya está ahí y cuando el trabajo o la dedicación desde el punto de vista de la actividad del abogado va a ser mucho mayor que la que hubiese sido en el supuesto de que la cuestión en particular se hubiera puesto de manifestó cuando solo era una inquietud. Ni que decir tiene que ello afecta a algo tan crítico como el coste de la actuación propiamente dicha, a los honorarios del letrado, en el entendido de que no es lo mismo dedicarle a un problema personal 10 horas o 10 días que 20.

El asesoramiento preventivo es una virtud para el cliente y para el abogado. El primero verá defendidos sus derechos antes de que el objeto del asesoramiento se convierta en un verdadero problema, y el segundo podrá satisfacer la necesidad de su cliente de una manera más rápida, fácil y por su puesto barata (esta última, la de la rentabilidad de los asuntos para el abogado debería ser objeto de otro artículo, porque no es cierto que el abogado gane más en el caso de que cobre más honorarios, de hecho, y por lo que estamos diciendo, suele ser más al contrario teniendo en cuenta lo que motiva, o aquello a lo que da lugar finalmente, un asesoramiento más extenso y más caro. Pero ello insistimos es un caso a parte). Este principio al que ahora estamos aludiendo se plasma en la realidad de las cosas se trate del asunto del que se trate, es decir estemos hablando de funcionarios públicos, de derecho administrativo sancionador (tras apertura de un expediente informativo o el levantamiento de un acta por parte de la autoridad competente)o de una expropiación (entre otras cosas). Sin ir más lejos, y en el particular caso de los funcionarios públicos, ya sean de carrera o interinos, o de los empleados públicos en general, con contrato indefinido fijo o no o simplemente temporal, si se prevé que un determinado acto administrativo va a ser aprobado sin que ello convenga, la preparación previa de la cuestión puede, por ejemplo, dar lugar al hecho de que con más celeridad se interponga una medida cautelar que persiga que el acto administrativo en sí mismo quede sin efecto (lo que implica nada más y nada menos que mientras se sustancia la cuestión a nivel judicial el acto administrativo no sea objeto de ejecución y por lo tanto no cause un perjuicio en el supuesto de que la sentencia sea finalmente estimatoria de la pretensión del demandante).

Lo anterior no constituye el único ejemplo. Por experiencia sabemos, dada nuestra consolidada práctica en el terreno de las fincas rústicas y de la expropiación de las mismas, que cuando es el cliente el que presenta una hoja de aprecio en vía administrativa, no siendo la resolución del Jurado Provincial de Expropiación de su agrado, al abogado que sea contratado a posteriori solo podrá actuar en sede de recurso administrativo o directamente de procedimiento contencioso-administrativo, lo que le resta margen de actuación puesto que no solo los argumentos de la administración ya habrán quedado fijados en una resolución previa (la del Jurado), con presunción de acierto por aplicación de la propia Ley de Expropiación forzosa, sino que los conceptos indemnizatorios serán ya también inamovibles en el caso de que el abogado entre a conocer de la cuestión directamente en la vía contencioso-administrativa (de tal manera que podrá cambiarse su valoración pero no su identificación o fijación). Igualmente, cuando de constituirse una explotación agropecuaria se trata, el no verse con carácter previo y de la manera más pulcra posible si conviene explotar como persona física o como persona jurídica, con todo las implicaciones que ello tiene no solo desde el punto de vista de las obligaciones legales sino también desde los que tienen que ver con la fiscalidad de la actividad y la responsabilidad civil en el supuesto de daños a terceros, puede marcar para bien o para mal el devenir futuro de un negocio ganadero o agrícola.

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