La ausencia de facultades discrecionales en las listas de acceso a la función pública.

Como es bien sabido, tras la sustanciación de un concurso oposición de cara al acceso como funcionario interino a la Administración pública, todos aquellos que superen dicho concurso (entiéndase que aprueben) pero que no obtengan plaza, dadas las disponibles en ese momento o las que han sido objeto de convocatoria, entran a formar parte de lo que se conoce como lista o, como se dice vulgarmente, hacen lista. Ello implica evidentemente en el caso de que se acceda finalmente al Servicio que corresponda el entrar a trabajar en calidad de interino en la Administración pública como funcionario aunque previamente no se haya obtenido plaza y, en consecuencia, estamos hablando de algo tremendamente relevante. Tal relevancia es aún más así si tenemos en cuenta las recientes sentencias judiciales (contradictorias en sede de Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y más claras ya, afortunadamente, en nuestro Tribunal Supremo) en relación con la controvertida figura de los funcionarios interinos (vaya por delante que porque así lo ha querido la Administración con la utilización que ha hecho desde siempre de este tipo de empleados públicos). La pregunta que no pocas personas se hacen es la de cómo funcionan las listas, y no tanto por el cómo se sustancia la incorporación en el caso de que sea posible, como por las facultades discrecionales que tiene la Administración, o no, en el caso de que sea necesario tirar de las listas conformadas tras el concurso oposición. La respuesta es muy clara en tal sentido, dichas facultades discrecionales no existen.

Resulta evidente que el acceso a la función pública está sometida a los principios de igualdad, mérito y capacidad (principios a los que aludiremos en otro interesante artículo en relación con la dimensión práctica que pueden tener), y que los mismos rigen todo el proceso de entrada en la Administración ya sea vía concurso oposición directamente (porque se obtenga plaza) o vía utilización de la correspondiente lista tras finalizar el referido concurso. Ello quiere decir que en relación con la conformación de las listas para el acceso a la función pública en calidad de funcionario interino los principios siguen estando vigentes y que no es posible que la Administración se las salte[las listas (en términos prácticos que en vez de hacerle el ofrecimiento al número 1 de la lista se lo haga al 2 y así sucesivamente)].No debe perderse de vista que estamos hablando de casuísticas en las que el currículum o la experiencia previa de los postulantes o aspirantes a empleados públicos (como podría suceder en las bolsas de trabajo) no es relevante porque los futuros funcionarios interinos sin plaza ya han superado un concurso oposición aunque no la hayan obtenido, es decir, que ya han demostrado sobradamente su capacidad.

La pregunta a la que nos hemos referido previamente, en el primer párrafo de este artículo, también puede llevar a la duda de si la Administración, tras hacerle el ofrecimiento a un aspirante a funcionario interino para entrar a trabajar, y comenzar el preceptivo procedimiento de incorporación, puede de repente cubrir la plaza de otra manera (por ejemplo mediante un concurso de traslados) dejando al posible funcionario interino sin posición alguna. Tal cuestión es controvertida, pero vaya por delante que la Administración evidentemente no es libre de tomar decisiones de cualquier forma o manera, esto es que toda decisión que adopte, en este sentido y con respecto a cualquier otro, debe estar justificada (motivada) en Derecho y debe alejarse del concepto de arbitrariedad (la prohibición de interdicción de los poderes públicos consagrada en el artículo 9.3 de la Constitución Española). Las casuísticas pueden ser muy variadas y cada una debe tratarse de manera individualizada, pero lo cierto es que si el cambio de criterio previamente referido se produce, no solo debe justificarse, sino que puede dar lugar a una indemnización por daños y perjuicios[es fácil imaginar el supuesto consistente en que un funcionario interino haya, por el ofrecimiento de la Administración y el comienzo de su proceso de incorporación al Servicio de que se trate, rechazado incorporarse a otra posición profesional (pública o no), y que tras la unilateral decisión de la Administración se quede literalmente sin plaza que cubrir o trabajo que desarrollar]. No puede perderse de vista que son muchos los motivos (de índole práctico, no se piense mal) que pueden llevar a una Administración pública, en relación con la incorporación de sus funcionarios interinos vía aplicación de listas, a no proceder conforme a Derecho o al menos de una manera poco transparente.

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