Colaboración entre administraciones

La unión entre administraciones públicas y entes privados para prestar un servicio a los ciudadanos es muy común hoy en día a nivel mundial y también es intrínsecamente beneficiosa para todas las partes implicadas. Las empresas ingresan dinero, las administraciones públicas prestan un servicio de manera más barata ya que siempre es menos costoso pagar a un contratista o prestador de un servicio que prestarlo uno mismo (lo que requiere medios materiales y humanos dese una perspectiva funcionarial)y los ciudadanos ven como sus necesidades están cubiertas de una manera por lo general más eficaz. Así las cosas todo el mundo tiene en mente los típicos y mediáticos contratos de concesión de infraestructuras por parte de las Administraciones de índole gubernamental (ferrocarriles, carreteras, mantenimiento de aeropuertos y hospitales) pero no tanto el hecho de que una empresa o despacho de abogados o incluso un profesional preste servicios a un pequeño Ayuntamiento, los cuales y por lo general están dotados de pocos medios de cara a la labor de proximidad que prestan a los ciudadanos en no pocos ámbitos según recoge la Ley de Bases del Régimen Local.

Estos contratos que se adjudican a entes privados ya sean estos personas físicas o jurídicas, y con independencia de la propia tipología contractual y de licitación que se escoja según las circunstancias y la legislación de contratación pública que resulte de aplicación, permiten que Ayuntamientos que, y dado su tamaño y el limitado número de funcionarios públicos que para ellos trabajan, por lo general tienen bloqueadas de facto (por el retraso temporal en el acometimiento de sus responsabilidades) cuestiones tales como la gestión y concesión de licencias, la tramitación de quejas o la resolución de recursos administrativos, puedan prestar estos servicios o responsabilizarse de dichos trámites de una mera más ágil. El ejemplo más claro es de la concesión de licencias administrativas, tan importantes para los particulares pero tan lentas en su tramitación dado que los funcionarios de carrera o interinos (figura ésta tan utilizada hoy en día) que prestan sus servicios en los Ayuntamientos directamente no dan abasto. Evidentemente a un particular que requiere una licencia de obra pararemodelar su vivienda, o de actividad para iniciar un negocio de hostelería, no le es lo mismo que dicha licencia se conceda antes o después. Incluso no le resulta especialmente seguro, desde una perspectiva meramente jurídica, el que la licencia le sea concedida por silencio administrativo positivo (si la normativa autonómica así lo permite), ya que dicha concesión no convalidad los actos nulos (es decir, que si posteriormente la obra o la actividad no se ajustan a la legalidad o a la normativa municipal, el que la licencia se concediese por silencio positivo no evitala contravención de la norma propiamente dicha con las consecuencias que ello tiene).

Por tanto, el impulso que un despacho profesional o un profesional del Derecho le pueden dar al día a día municipal en un Ayuntamiento falto de medios por pequeño, por la vía de dar apoyo a los funcionarios ya sean de carrera o interinos o incluso al personal laboral que prestan servicios en al propia Corporación, puede ser definitivo en relación con la prestación administrativa que demandan los ciudadanos y por la que pagan, entre otras cosas, sus impuestos. En consecuencia la colaboración público-privada se erige no en un elemento que garantice la correcta prestación de servicios por parte de Ayuntamientos (esto depende de otras cosas), pero sí el que tal prestación se acometa de una manera más rápida y cercana que no es sino lo que los ciudadanos le exigen a los gobiernos municipales y a los funcionarios en ellos destinados como trabajadores públicos. De hecho cada vez son más las pequeñas corporaciones municipales que sacan a licitación sus asesorías jurídicas, o determinados departamento dentro de dichas asesorías, y cada vez más abogados en ejercicio tras superar los correspondientes filtros pasan al sector público aunque sea de manera temporal e interina (sin ser por tanto funcionarios de carrera con la correspondiente habilitación), como mecanismo de prestación administrativa y de gestión de la denominada cosa pública. Esto es visto por la ciudadanía como algo positivo que redunda para bien, y mucho, en un pequeño municipio.A ello estaremos atentos y en otro artículo haremos especial mención a las específicas cuestiones materiales que en particular más y mejor puede desarrollar el sector privado en favordel sector público en esta materia.

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