La “diligencia” probatoria de la administración y los locales de hostelería

Hace no mucho publicamos en la web un artículo sobre el despliegue o aplicación del principio de presunción de inocencia en vía disciplinaria, es decir en materia de derecho administrativo sancionador,cuando la conducta que se “imputa” no queda debidamente acreditada. Enfocamos aquella cuestión más en el ámbito de la función pública con una especial puesta en valor por tanto respecto de los expedientes sancionadores abiertos contra funcionarios públicos de carrera. Ahora la trataremos en relación con otro elemento también de mucha trascendencia personal y económica como lo es el que tiene que ver con las sanciones por parte de Ayuntamientos o Comunidades Autónomas, según el rango competencial, a locales de hotelería, sobre todo en relación con la imposición de sanciones por venta de bebidas alcohólicas fuera del establecimiento o los ruidos. El punto de partida debe ser el mismo, es decir, que cuando se trata de defender este tipo de cuestiones debe tenerse presente desde un principio que basta a la hora de evitar la multa, que en algunas ocasiones puede ser muy cuantiosa, con que la Administración finalmente considere en una resolución que la conducta no ha quedado correcta o suficientemente acreditada. Esto implica como hemos anticipado en otros artículosque  se puede ganar y dejar la sanción sin efecto aunque no se declare de manera expresa que la infracción no se cometió. Ello, como mecanismo subsidiario de defensa suele ser muy productivo (la petición principal siempre debe ser la declaración de no comisión) porque es donde el órgano que resuelve verdaderamente puede tener problemas para confirmar el trabajo del instructor si dichaactividad ha llevado, como suele ocurrir, a una petición de sanción disciplinaria.

Pero en realidad, y en este orden de cosas, es decir el que tiene que ver con los locales comerciales de ocio que realizan una actividad de cara al público,la defensa propiamente dicha no debe recaer tanto sobre la prestación profesional (funcionarial) del instructor, como sobre la que protagoniza la policía municipal, que es quien inspecciona y levanta las actas que posteriormente dan lugar al hecho de que la administración decida instruir un expediente sancionador que puede desembocar en una multa de carácter pecuniario que se puede llevar por delante un negocio (no podemos dejar de imaginarnos, y hablamos de caos reales, lo que puede sucederle a un local comercial al que se pretende sancionar con una multa de 30.000 € por venta de bebidas alcohólicas fuera del establecimiento, cuando dicha multa deba ser pagada en el momento en el que ésta devenga firme ya sea en vía administrativa o judicial). La pregunta por tanto es en qué elementos debe incidirse para evitar lo anterior, incluso cuando quede claro que se ha cometido la infracción (no hace falta de hecho con que se venda el alcohol fuera, sino que los clientes salgan a la calle con sus bebidas, lo cual es lo que resulta más recurrente desde el punto de vista de la casuística producida).

En particular, y con todos los matices, que existen, a los que aquí no podemos referirnos, si la policía municipal ha tenido a su alcance la realización de unas acciones en materia de prueba que no realiza, por ejemplo, siendo esto además muy preclaro,tomar muestras del líquido que se está consumiendo por parte de los particularespara verdaderamente determinar que es alcohol, perfectamente puede interpretarse que la comisión de la sanción (esto es que se ha vendido una bebida alcohólica y que no se ha tenido la cautela, o para ser más exactos, la diligencia debida consistente en evitar que el cliente o clientes no salgan a la vía pública con ellas) no ha quedado bien acreditada (siendo aquí donde entra el principio de presunción de inocencia en vía administrativa, al que estamos aludiendo y que además, como sabemos, aplica en dicha vía administrativa como en el Derecho penal por una mera aplicación analógica de normas, principios o jurisprudencia). En tales circunstancias, acudir insistimos a este principio, argumentando que en caso contrario y sin estarse seguro de la comisión de la infracción se puede nada más y nada menos que cerrarse un negocio, puede ser tremendamente beneficioso en términos de defensa legal, casi con total seguridad en sede judicial (donde incluso se podría con este argumento, el del cierre del negocio y la consecuente pérdida de puestos de trabajo, conseguir una medida cautelar de suspensión de la sanción hasta sentencia), y también con muchas probabilidades en sede administrativa.

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