expropiacion

Recientemente publicamos en la web un artículo sobre la manera más adecuada de dar traslado de los elementos probatorios en sede judicial cuando de una expropiación se trata.

En particular aludimosa cómo debía reproducirse la prueba, y sobre todo en qué momento y por quién,teniendo en cuenta cuestiones tales como que las resoluciones de los Jurados tienen presunción de veracidad o de acierto. Pues bien, esto es crítico no solo porque de ello depende el que el justiprecio sea mayor o menor por la vía de que el juez nos reconozca más o menos conceptos indemnizatorios de todos los reconocidos por la vigente Ley de Expropiación Forzosa, sino también porque, a día de hoy, ya no hay prácticamente vuelta atrás al respecto en caso de que se haga mal con el daño que ello conlleva. El motivo ha sidola reforma en el año 2015 del recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que si bien abre la mano respecto del número de asuntos que pueden motivar la preparación del recurso al eliminarse las cuantías de procedimiento como límite casacional, en realidad limita dicho número al introducir el muy severo concepto del “interés casacional objetivo”.

Efectivamente, y en particular, lo probatorio, si bien puede seguir siendo objeto de revisión ante el Tribunal Supremo si logra reconducirse (su interpretación), como veremos, al ámbito de la vulneración de normativa nacional o europea o al de la jurisprudencia (esto generalmente quiere decir no observación de principios básicos), no solo requiere en todo caso esto últimosino también el quedicho proceso probatorio, su resultado, sea relevante para una generalidad de personas por la vía del ya referido anteriormente “interés casacional objetivo”.Esto, en términos expropiatorios, disciplina con una dimensión o trascendencia patrimonial tremenda, se vuelve crítico porque si la prueba no se introduce tanto en la vía administrativa como en la contencioso-administrativa de manera correcta, dando ello como resultado el hecho de que el juez de la instancia dictamine que dicha prueba no se desarrolló como debería haberse hechoy que por tanto no es suficiente para demostrar lo que se pretendía demostrar, la vía casacional puede quedar prácticamente cerrada por entenderse que tal circunstancia es una cuestión circunscrita al concepto de interés de parte de tal manera que lo resuelto queda completamente consolidado en perjuicio del demandante (que no es sino el expropiado). En otras palabras, la falta de diligencia probatoria no solo le puede costar mucho a un cliente sino que además puede acarrear que tal perjuicio quede totalmente consolidado en detrimento, para siempre, del interés económico del propio cliente.

La manera de subsanar esta casuística, como ya hemos anticipado, más allá de tratar de no cometer errores en los mecanismos de prueba que se presentan ante el Jurado o ante el Juez (este tipo de procedimientos se sustancian en única instancia ante los Tribunales Superiores de Justicia), está en tratar de argumentar en sede casacional no que la prueba se ha interpretado incorrectamente (algo que siempre está en duda y que afecta a una persona en particular, el expropiado), sino que la misma, al interpretarse de una determinada manera, cambia o está cambiando de facto la forma en que los principios valorativos tienen que aplicarse a los bienes expropiados. Esto que se acaba de referir puede constituir la vía de escape porque el que un Alto Tribunal de Comunidad Autónoma entienda que un determinado principio no debe ser aplicado de una determinada manera o no ser aplicado directamente, sí que puede interpretarse como un cambio de doctrina o de manera de ver las cosas (al desviarse de lo ya resuelto con carácter previo), en el entendido de que tal cuestión puede afectar a procedimientos (en este caso expropiaciones) posteriores.

Por decirlo en otras palabras, exclusivamente nuestras; “No es que el Tribunal de la Instancia haya interpretado la prueba según las reglas de la sana crítica, es que directamente ha entendido que lo que la Ley dice ha de aplicarse a la valoración no lo está aplicando, y eso cambia de facto no solo la manera en que los bienes expropiados se valoran sino también y consecuentemente el justiprecio expropiatorio que está incluso mencionado en la constitución, no pudiendo ello afectar de manera más relevante a una pluralidad de personas”. En otro artículo aludiremos a la diferencia entre sana crítica y observación de principios probatorios, para así tratar de arrojar más luz sobre esta relevante cuestión.

0
Comentarios

    Deja un comentario

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *