La impugnación de notas en oposiciones

Es evidente que resulta muy frustrante comprobar que tras ímprobos esfuerzos uno no obtiene plaza en una oposición para ingresar como funcionario en un determinado grupo (cuerpo) de la administración o como funcionario interino o personal laboral no fijo tras un concurso oposición. Los tribunales de oposición se equivocan y no son pocas las ocasiones en las que una nota ha sido levantada, es decir, corregida, con el consecuente ingreso en el cuerpo correspondiente del opositor como funcionario o como funcionario interino en su caso tras una fase de ejecución de sentencia (porque, por lo general, es un juez el que reconoce este tipo de derechos y no la propia administración que ha resuelto que una persona no ha superado la fase de oposición propiamente dicha, en el entendido de que ello implica enmendarle la plana al propio tribunal, lo cual es conflictivo “per se”).

El caso es que, y dejando a salvo los errores materiales que suelen producirse cuando los exámenes se circunscriben a cuestiones objetivas (plantillas), siempre más fáciles de acreditar, cuando dichas pruebas de acceso dejan una facultad discrecional al tribunal para determinar quién obtiene plaza y quién no la cosa se complica. Dejando de lado los elementos de juicio y probatorios que están al alcance de los opositores para tratar de desafiar una nota obtenida (algo que ya de por sí debe ser objeto de artículo aparte), y el tratamiento que la administración le da a tales elementos, vamos ahora a detenernos ahora en la crítica cuestión relativa a cuándo debe comenzar el procedimiento para impugnar una nota, y en consecuencia qué debe hacerse y qué no para no encontrarnos con determinados problemas a la hora de llevar el asunto a la jurisdicción contencioso-administrativa.

La primera premisa parte del hecho de tener claro que no conviene (porque ello puede dejar el ulterior procedimiento judicial sin objeto) impugnar la resolución en relación con una determinada nota (o la resolución del órgano competente por la que se fijan los candidatos que han superado la fase de oposición) sin impugnar la nota propiamente dicha ante el tribunal que la ha dado. Por lo general, bien las bases de la oposición o de concurso oposición, tanto para funcionarios de carrera como para funcionarios interinos, bien la normativa reglamentaria a la que se remitan dichas bases, deberían establecer un procedimiento para impugnar las notas o desafiar el criterio del tribunal. Ello quiere decir que la propia administración debería por una mera cuestión de pulcritud determinar cómo se pueden impugnar las notas, aunque ello no es así en muchas ocasiones. Pues bien, si no hay un procedimiento establecido para ello (en el caso de que sí exista evidentemente debe seguirse) la nota hay que impugnarla en todo caso (incluyendo la petición de una audiencia y la apertura de la correspondiente fase probatoria a la que aludiremos en otro artículo por ser también ello especialmente complejo). Esto es así, porque, y como hemos adelantado ya, en una hipotética fase judicial el abogado de la administración podría sentirse tentado de argumentar, y no sin razón en estrictos términos legales, que no se puede desafiar una determinada resolución general en alzada o en reposición (la de la adjudicación de plazas por ejemplo) si no se impugna el trámite en el que se sustenta el recurso propiamente dicho (la no obtención de una determinada nota). Si la nota sí se impugna ante el propio tribunal (aunque no se haya articulado un procedimiento para ello), tanto si no nos dan la respuesta que esperábamos como si no nos reciben sí que estaríamos ya totalmente legitimados para ir contra la resolución, más general, de no adjudicación de plaza.

Insistimos en que es muchas veces la propia administración la que llama a la confusión cuando no establece un procedimiento para impugnar las notas, porque ello puede interpretarse en el sentido de que dichas notas no pueden desafiarse cuando ello sí debe poder producirse en todo caso. No puede perderse de vista de hecho que por de pronto (y aquí está el gran argumento a estos efectos), una nota desfavorable, si impide que el opositor obtenga plaza o pase a la siguiente fase de la propia oposición, no deja de ser un acto de trámite que determina que el postulante no pueda seguir aspirando o no se convierta en funcionario público tras una resolución, y en tal sentido, dichos actos de trámite, en estos casos (también en general y en otro orden de cosas cuando causan indefensión), son recurribles por voluntad de la Ley de Procedimiento Administrativo, en concreto por prescripción de su artículo 112.

0
Comentarios

    Deja un comentario

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *