indemnizacion

Son muchas las resoluciones judiciales que se han venido dando en los últimos tiempos en relación con el personal eventual de las diferentes administraciones públicas. Como ya hemos publicado en otros artículos, en el pasado otoño el más Alto Tribunal determinó que en algunas circunstancias el cese de dicho personal, ya se tratase de funcionarios interinos o de personal laboral no fijo, podía declararse nulo, y que una vez constatada tal cuestión la salida del trabajador de la administración no tenía porqué producirse (con lo cual se podría estar hablando según la doctrina más autorizada de un posible blindaje a nivel laboral o funcionarial). También recientemente, de hecho en el mes de marzo de 2019, el Tribunal Supremo ha determinado en principio, en una sentencia muy pro contratador, es decir muy pro administración pública (tras la controversia suscitada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en sendas sentencias contradictorias como la “De Diego Porras”), que las indemnizaciones de días por año trabajado, las propias de las relaciones de índole laboral en el caso de contratos indefinidos por tanto, no caben en el supuesto del personal eventual ya sea interino o laboral. De esta manera, la integridad patrimonial de las administraciones queda protegida en detrimento de la de los trabajadores que han estado durante muchos años prestando servicios en situación de abuso, precisamente el provocado por las administraciones públicas al utilizar figuras contractuales para cuestiones (para cubrir necesidades de servicio) para las que no se regularon desde un punto de vista normativo.

Vaya por delante que la reciente sentencia a la que aludimos, la de marzo de 2019 del, insistimos, Tribunal Supremo, incluso pone en duda con respecto a los profesionales de carácter eventual que el Acuerdo Marco Europeo en su momento emitido para, precisamente tratar de evitar la excesiva utilización de contratos temporales, despliegue todos sus efectos. A pesar de estos esclarecimientos que poco a poco se van produciendo a medida deque hay sentencias que resuelven las cuestiones suscitadas, y que más allá de lo que dictaminan arrojan algo de luz al gris escenario que se ha venido produciendo durante los últimos años en relación con los profesionales eventuales, interinos o laborales, no deja de ser cierto que siguen existiendo lagunas de las que en un momento dado se puede sacar partido. En este sentido, ¿qué pasa con aquellos trabajadores de carácter eventual cuyo cese se considera ajustado a derecho, bien porque la plaza ha sido amortizada correctamente bien porque salió a concurso y fue ocupada por un tercero?, pues lo cierto es que más de lo que podría pensarse en un principio. En particular, una cosa es que estos profesionales no puedan quedarse en la administración trabajando o que no puedan recibir una indemnización de días por cada uno de los años trabajados (lo que, insistimos, en principio solo se ha aprobado o sentenciado para ser más exactospor el agujero económico que ello provocarían en las arcas públicas), y otra muy distinta que no pueda haber resarcimiento de ningún tipo.

Efectivamente, si la situación da abuso en términos laborales o funcionariales se ha producido, y partimos de la base de que si los profesionales vuelven a la administración no hay indemnización (y sí salarios de tramitación, es decir lo dejado de percibir), dado que las sentencias del Tribunal Supremo de otoño de 2018 aludieron de manera clara y nítida al principio de los daños y perjuicios si se reclaman oportunamente y como corresponde, es decir si se acreditan, perfectamente el profesional podría verse compensado. Solo puede concluirse que ello es así cuando el cese no se declara nulo, insistimos,  y en consecuencia el trabajador no vuelve, y cuando igualmente se dan determinadas circunstancias,pero en todo caso queda claro que una cosa es que no haya derecho a recuperar el puesto de trabajo, y otra que tras una situación de exceso contractual a conveniencia durante largos años el cese propiamente no tenga consecuencias (al fin y al cabo hay un incumplimiento sucesivo que se materializa en un cese que no deja de ser el acto administrativo que causa el perjuicio). Otra cuestión es la manera de articular la solicitud de indemnización propiamente dicha si el trabajador se decanta por pedirla de manera individual, es decir, sin que concurra ninguna otra petición en la demanda propiamente dicha, siendo en este sentido nuestra opinión la de que el mecanismo o la figura más adecuada (¿la única?)es la de la responsabilidad patrimonial de la administración. Pero eso ya es harina de otro costal, y a ello aludiremos en otro artículo.

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