La iniciativa privada en la modificación de condiciones funcionariales

Nos encontramos en el despacho de manera frecuente con no pocas preguntas provenientes de funcionarios públicos de carrera o interinos relativas al incumplimiento de las distintas administraciones o de los Servicios a los que pertenecen de condiciones de trabajo, muchas de ellas esenciales. En particular y a modo de ejemplo no pocas tienen que ver con el incumplimiento por parte de los empleadores público de sistemas de guardias previamente aprobadosque posteriormente son modificados de manera unilateral, en otras palabras por capricho, y sin el consecuente procedimiento de aprobación y/o negociación colectiva. Ello es relevante no solo por lo que se dirá a continuación sino también porque en muchas ocasiones ello ocurre en connivencia con los propios sindicatos que, bien por falta de medios, bien por afinidad, no cumplen de forma especialmente pulcracon su labor de protección de los derechos de los trabajadores (en este caso, insistimos, funcionarios públicos). Indudablemente esto ocurre, y en no pocas ocasiones se crea un escenario en el que el funcionario no sabe muy bien qué hacer para subsanar determinados elementos de su día a día profesional.

Lo primero que hay que dejar claro es que, y evidentemente, los sindicatos de la función pública tienen iniciativa social en relación con los intereses de sus afiliados, y de todos los trabajadores públicos que estén bajo su paraguas competencial, por lo que acudir a ellos informando de lo que corresponda o pidiendo amparo siempre es una opción. Pero como decimos en ocasiones a nivel de representación sindical no conviene adoptar iniciativas de carácter negociador y/o conflictual o, directamente, no se está de acuerdo con la iniciativa propuesta y que se pretende adoptar, por lo que otros canales de actuación se hace necesario. En este sentido todo ciudadano, en general, puede iniciar un expediente administrativo a solicitud de parte interesada (así lo determinan tanto la Ley de Procedimiento Administrativa como la legislación en materia de Derecho de petición) para que la administración le reconozca derechos o regule algo de la manera que entiende es procedente(como por ejemplo el que se dejen de modificar de manea unilateral condiciones de trabajo o se aprueben otras). Lógicamente la contestación, que debe darse en un plazo de tres meses, puede no producirse dando ello lugar a la en tantas ocasiones conflictiva figura de silencio negativo, o también puede directamente desestimarse. En los referidos casos, en ambos dos, se pasaría a la fase contenciosa que podría versar sobre la desestimación propiamente dicha o sobre la inactividad de la administración. Así las cosas, cuestiones tales como la modificación de condiciones en materia de guardias ola superación del límite reglamentario de jornada en cómputo anual pueden ser negociadas (sobre todo si se tienen argumentos normativos o vinculados a la arbitrariedad o capricho de la administración) o llevadas a la fiscalización de los jueces o tribunales.

La pregunta en consecuencia es cómo se canaliza todo esto. Primeramente la apertura de un proceso negociador (ya sean los propios trabajadores de manera asociada o el sindicato) solicitando lo que corresponda resulta como es lógico preceptivo. Es relevante en este orden de cosas saber qué se pide y porqué, así como el mecanismo elegido (puede ser un burofax o la presentación de un escrito vía registro) ya que eso condicionaría en mucho la futura respuesta (o su ausencia) y muy especialmente la decisión judicial que pudiera adoptarse. Como se ha dicho, y más allá de la propia actividad sindical, no hay obstáculo para que unos trabajadores, que entienden que sus derechos están siendo vulnerados sean los que tomen la iniciativa negociadora y soliciten lo que correspondatras haber constituido una asociación específicamente diseñada para ello. En todo caso la administración, que debe o debería ser un ejemplo de pulcritud en este orden de cosas no siempre atiende a razones (de ahí en ocasiones la modificación caprichosa y por la vía de los hechos de condiciones de trabajo), siendo ello la justificación perfecta para tratar de llevar hasta los tribunales la pretensión correspondiente. En todo caso y como ya hemos tratado de defender en no pocos artículos publicados para todos aquellos que nos leen, no debe perderse de vista que si bien la Administración debería ser el primer ente con personalidad jurídica dispuesto a cumplir con la legalidad vigente, no siempre resulta ello así, de tal manera que debe invertirse tiempo y dinero en obtener para el largo plazo lo que inicialmente no se concede.

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