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Como hemos publicado en otro artículo, los juzgados y tribunales no son un segundo elemento evaluador en relación con el resultado de las oposiciones para ingresar en la administración pública en calidad de funcionario interino o de carrera. Cualquiera que lo haya pretendido, y no son pocos los letrados que han caído en el error de pretenderlo en beneficio de sus clientes (caído en el error o dejando entrever aunque tratando de evitarlo inicialmente que lo que pretendían era precisamente eso), no habrá defendido correctamente el interés, serio interés de hecho de su cliente. En el artículo al que nos referimos también aludimos al hecho de que puestos a desafiar el criterio de un tribunal de oposición que nos ha cerrado el plazo para convertirnos en funcionarios interinos o de carrera cualquier prueba admisible en derecho (en relación con la normativa procesal civil) puede servirnos para tratar de acreditar que el tribunal de oposición llegó a una consecuencia ilógica o injusta en relación con la valoración del examen, la prueba o el proceso selectivo propiamente dicho (prueba que, como siempre decimos, tiene que tener que ver con el objeto del proceso y estar oportuna y correctamente planteada). Pero lo más importante, al menos “ab initio”, y desde luego lo más primigenio es tener claro qué hacer o qué elementos de juico utilizar cuando desafiamos la nota ante el propio tribunal en un proceso de revisión de examen (cuestión tercera es la sustanciación del procedimiento administrativo correspondiente antes de seguir en su caso con la vía contenciosa-administrativa). Esto último a lo que acabamos de referirnos es crítico porque puede dejarnos sin proceso administrativo posterior o, lo que es peor, sin juicio a nivel contencioso dado que ahí es donde un órgano imparcial, al menos supuestamente, más puede ayudarnos.

No está tan claro que todo lo que necesitemos a nivel procedimiento esté donde debería estar, es decir en las bases y en la reglamentación de la oposición propiamente dicha (ya sea general o particular con respecto a un determinado proceso selectivo), o incluso en las instrucciones que se vayan dando o publicando en la web del órgano administrativo al que queremos ingresar en calidad de funcionario de carrera o interino. En particular en este Despacho nos hemos encontrado incluso con procesos selectivos en los que los candidatos no tenían un procedimiento al que agarrarse a la hora de dirigirse al tribunal para solicitar una revisión del examen o impugnar la nota propiamente dicha (cuidado porque ambas cuestiones son totalmente diferentes). Pues bien, vaya por delante que un examen debe poder revisarse y que el hecho de que no haya un procedimiento establecido para ello no le es oponible al candidato aunque en ocasiones la administración pretenda hacer ver, hacer valer o dejar sentado, lo contrario (ello tiene que ver con algo tan básico como el procedimiento administrativo común en materia de recursos, y con la posibilidad de impugnar actos de trámite, que no es sino lo que a su vez es un examen previo a una resolución de adjudicación o no de plaza o de superación o no de prueba/examen).

Como decíamos, aunque no es esa la intención de las administraciones a la hora de ordenar o reglamentar estas cuestiones, y aunque pretendan negarlo, cualquier medio de prueba válido en derecho es admisible para afrontar el desafío al que nos referimos en vía administrativa o en un procedimiento previo de impugnación o revisión de examen (que repetimos no es lo mismo una cosa que la otra).Tal alcance probatorio incluye no solo la acreditación documental en su caso para demostrar, por ejemplo, que nuestras preguntas son válidas o fueron correctamente planteadas, sino también, en principio, el contraste entre los exámenes realizados por otros opositores y el nuestro propio. Así es. Si lo que acabamos de afirmar se le plantea a un tribunal éste, en principio, se echaría las manos a la cabeza, y además casi que con total seguridad nos negaría tal cuestión (de ahí la necesidad de impugnar para luego recurrir en vía administrativa y posteriormente en vía contencioso-administrativa), pero si ello puede ser objeto de desarrollo a nivel probatorio en sede jurisdiccional (y lo es tal y como determina la jurisprudencia), también lo puede ser en fase administrativa o de revisión de un examen que hacemos para convertirnos en funcionario interino o de carrera. Y un apunte final, no se pueden oponer para impedir lo anterior argumentos que tengan que ver con la protección de datos de carácter personal porque ello puede ser objeto de subsanación, dejando de lado evidentemente que por lo general los exámenes son anónimos.

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