LATRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES INFORMATIVOS

En muchas ocasiones las Administraciones Púbicas abren expedientes informativos para determinar a futuro si finalmente se incoa o no un expediente disciplinario en materia de función pública, esto es si se sanciona o no a un trabajador público, generalmente por cuestiones vinculadas a una, supuesta, dejadez en las funciones. Ni que decir tiene que ello genera alarma e inquietud y que el asunto en todo caso debe ser gestionado. Lo primero de todo es no perder de vista que la apertura del expediente no tiene por qué desembocar necesariamente en la incoación de uno de carácter disciplinario, si bien es cierto que ello no deja de ser ilustrativo de la intención de la Administración, Unidad, Servicio u Organismo Autónomo al que pertenece el funcionario. La clave de la cuestión radica en saber qué se debe hacer en estos casos, y cómo debe articularse la defensa, ya que de la misma depende ya no solo que se sancione a futuro, sino que ni siquiera el expediente administrativo se incoe. Por tanto, el expediente informativo, aunque no tenga por qué derivar necesariamente y en sentido estricto en sanción, debe tratarse con cuidado.

Dicho lo cual vayamos por partes. El principal elemento que debe regir la interactuación con un expediente informativo es el hecho de pretender que el mismo termine por acabar en nada. Si los argumentos (alegaciones que la Administración solicita) son suficientemente solidos, y sobre todo si dichas alegaciones le hacen ver a la propia Administración que el expediente disciplinario posiblemente no va a prosperar, existen muchas posibilidades de que finalmente esto, la incoación a nivel disciplinario, no ocurra y que todo quede en un susto o en una desagradable situación (que evidentemente lo es). Para que ello suceda, que no se incoe el expediente de carácter disciplinario, basta con que ello, sin más, no ocurra. Lo anterior quiere decir que los expedientes informativos, que son solo eso, no se archivan como sí pueden archivarse los expedientes disciplinarios si tras las alegaciones iniciales del perjudicado el órgano competente para resolver toma la decisión de no hacerlo. En el caso de los expedientes informativos las posibilidades son dos, que tras las alegaciones no haya más noticias, con lo cual se habrá confirmado que la Administración ha decidido no incoar expediente disciplinario, o que el funcionario objeto del procedimiento se encuentre con una incoación de expediente disciplinario (que dará lugar a una propuesta de resolución por el instructor y a una resolución final en el sentido que corresponda).

Lo anterior, como ya hemos anticipado, hace que las alegaciones al expediente informativo, aunque no tengan una dimensión práctica grande, es decir, aunque no equivalgan a propuesta de resolución o a una resolución propiamente dicha, es de gran importancia porque sí determina cómo va a evolucionar la cuestión a futuro. De hecho, tras un expediente informativo, se pasa directamente a una propuesta de resolución (a la que se puede alegar naturalmente). ¿Y en qué se diferencia una propuesta de resolución en sede disciplinaria de un expediente informativo?. Pues bien, más allá de los elementos procedimentales, la principal diferencia es la de que en la propuesta se identifican las infracciones que se le “imputan” al funcionario, así como la calificación de dichas infracciones (leves, graves o muy graves). Esta propuesta de resolución es la que luego pasa a ser una resolución propiamente dicha, en el sentido que corresponda, y la que por tanto puede ser susceptible de recurso de reposición o de alzada según el órgano competente que resuelva y la distribución de competencias en la Administración de la que se forme parte. En cualquier caso un expediente informativo no debe tomarse a la ligera, en el entendido de que es mucho más fácil, en términos legales y procedimentales, salir del paso de un expediente de estas características, y que finalmente queda en nada, que de uno de carácter disciplinario en el que ya hay calificación de conductas y propuestas a nivel sancionador en base a la tipificación correspondiente en la Ley que resulte de aplicación.

El consejo por tanto no es el de realizar en sede de expediente informativo simplemente alegaciones, es decir oponerse uno sin más a la cuestión, sino fijar también por qué el expediente no tiene sentido y por qué las conductas que se ponen de manifiesto (en este caso no que se imputan) carecen de justificación legal.

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