Las decisiones unilaterales de la Administración y los funcionarios interinos

Es de sobra sabido que el régimen legal de los funcionarios interinos es distinto a aquél al que están sometidos los funcionarios de carrera, siendo el aspecto más evidente de tal circunstancia el que los de carrera tienen una plaza en propiedad mientras que los interinos no solo no la tienen sino que además pueden ser cesados cuando desaparece el motivo por el que fueron nombrados. Vamos en este sentido, y respecto de los interinos, a ocuparnos de una cuestión que nos es planteada en no pocas ocasiones y que tiene que ver con la disposición de la carrera profesional de los funcionarios interinos por parte de las distintas administraciones que los tienen a su cargo. El primer elemento que debe ser resaltado es el de que no por tener un funcionario el carácter de interino puede la administración correspondiente tomar decisiones de índole unilateral y no justificadasque afecten a su carrera, en el entendido, por un lado, de que el funcionario interino no deja de ser un empleado público, y por otro, que esta última circunstancia, evidentemente, no tiene que verse afectada por la temporalidad de la prestación. Ello se está viendo mucho en los últimos tiempos y está siendo objeto de no pocas controversias, incluidas aquellas que se han dado o se siguen dando a nivel jurisprudencial (y estamos hablando nada mas y nada menos que de la interpretación que jueces y tribunales hacen de este tipo de casuísticas).

Pues bien. Un ejemplo claro de lo que acabamos de decir es el ingreso en la carrera estatutaria de funcionarios en situación de interinidad, en el sentido de que dejan de ser interinos para pasar a ser personal estatutario (tras una resolución de carácter administrativo), con el objeto de ser posteriormente cesados por no cumplir con los requisitos de permanencia en la plantilla estatutaria propiamente dicha. Esto, y debemos decirlo claramente desde un principio, es manifiestamente ilegal, y el motivo no es sino el de que se pretende cesar, claramente y de manera encubierta, a un funcionario sin que objetivamente existan motivos para ello (desaparición de la razón que dio lugar a su incorporación a la función pública o firmeza administrativa o judicial de expediente disciplinario). En nuestra opinión, la ilegalidad de esta situación no solo se da, como no podía ser de otra manera, cuando es la administración la que aprueba el ingreso en la plantilla estatutaria con este objetivo, sino también cuando dicho ingreso es operado ex – lege, es decir, cuando es la propia voluntad del legislador (generalmente autonómico) la que determina el referido cambio.

Lo anterior, insistimos, implica o acarrea el hecho de que se quieran cesar a funcionarios públicos como lo son los interinos, y en tal sentido eliminar fuerza laboral pública y consecuentemente masa salarial, sin que existan motivos reales para ello, al amparo de elementos que tienen que ver con cuestiones tales como las titulaciones exigidas para el personal estatutario de que se trate. Un cambio de régimen a nivel legislativo, o una decisión unilateral de la administración a tal efecto, no legitiman el cese de un funcionario que ingresó en la función pública tras una oposición con el objeto de realizar una determinada prestación profesional de manera temporal, y mucho menos ello puede ser así si dicho funcionario ha estado trabajando en la administración durante más de 5 años (lo que se conoce como funcionario interino de larga duración según doctrina del más alto tribunal en lo que a nuestro ordenamiento interno se refiere, esto es el Supremo). Cuando un funcionario lo es de larga duración, y ha estado trabajando en el correspondiente servicio durante más de 5 años (en ocasiones nos encontramos con casos de personal que ha estado en esa situación más de 10 o 15 años), lo que tiene son derechos adquiridos que tienen que ver precisamente con su permanencia en su puesto de trabajo (a ser recolocados si es posible sin ir más lejos), y no con el hecho de que se les cese por decisiones de carácter unilateral o cambios legislativos en perjuicio del trabajador. Lo anterior implicaría reconocer que más allá de los supuestos tasados en las correspondientes legislaciones de función pública autonómicas, o en la de carácter estatal, las administraciones pueden disponer de las carreras de sus funcionarios interinos, y no es esa, de manera clara, la voluntad del propio legislador.

En otros términos, si un funcionario interino trabaja en la administración en situación de fraude de ley (por la utilización que la administración correspondiente hace de su figura al mantenerle durante muchos años en servicio), la conclusión no puede ser el cese por motivos terceros, y ello es claramente impugnable.

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