La impugnación de notas en oposiciones

Son muchas las personas que tras no superar un concurso-oposición o una oposición de cara a ingresar como funcionario interino o funcionario de carrera en cualquiera de las administraciones del Estado, las Autonomías o los Municipios (entiéndase que también en sus organismos autónomos dependientes), se preguntan si tienen o no Derecho a revisar su examen y sobre todo qué pueden permitirse o no (exigir en dicho orden de cosas). Por lo general las bases que rigen el propio proceso selectivo de oposición establecen (o al menos deberían como veremos) los mecanismos de revisión propiamente dichos, es decir, cómo pedir la revisión y cómo se sustancia o se desarrolla la misma. Como ya hemos anticipado ello no acaba ahí porque no siempre las bases determinan cómo debe regirse el procedimiento (las bases o la normativa reglamentaria que pueda aprobarse en tal sentido a los efectos de que sea o resulte de aplicación en todos los procesos selectivos para entrar como funcionario interino o de carrera en la administración.

Cuando ello no es así debemos decir por adelantado que todo examen puede revisarse y que además los Derechos que en este sentido asisten a los opositores son más que los que podrían pensarse inicialmente (otra cuestión es que llegado el caso, si hay que recurrir en vía administrativa o en vía contenciosa los argumentos sean complicados de hilar de cara a la llevanza de un hilo argumental que pueda ser acogido por el tribunal (judicial) correspondiente. En otros términos, lo que estamos diciendo es que una cosa es ir a una revisión de examen en sede de una oposición, y otra, tras no estar de acuerdo, impugnar la nota a instancias superiores.

La jurisprudencia (ya anticipamos que en el Tribunal Supremo no hay mucha) tiene altamente concretado qué se puede hacer y qué no a la hora de tratar de desafiar el criterio del Tribunal que ha dictaminado que no somos aptos para seguir en el procedimiento de oposición o para ser directamente adjudicatarios de plaza en el caso de que ya estuviésemos en la última fase.¿Y qué es lo que está al alcance de los demandantes que pretenden que se constate que se ha superado un examen en realidad o que la adjudicación de plaza debe producirse para convertirse en funcionario interino o de carrera?, pues en sede judicial básicamente de todo, el único límite es el de que la prueba sea admisible en derecho y tenga que ver con el objeto del proceso en aplicación todo ello de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil que rige, de manera subsidiaria, en el orden contencioso-administrativos (el que tiene jurisdicción para conocer de estas cuestiones y a los que se tendrán que enfrentar quienes queriendo ser funcionarios interinos o de carrera no hayan conseguido su objetivo en la oposición propiamente dicha.

En todo caso y con respecto a lo anterior una cuestión previa debe dejarse clara, siendo esto aquello en lo que muchos abogados quiebran a la hora de representar los intereses de sus clientes en esta materia; los tribunales no son una segunda instancia desde un punto de vista meramente evaluador, es decir, los jueces no pueden convertirse (y no lo admiten de hecho estando ello totalmente consolidado en la jurisprudencia) en una suerte de Tribunal de oposición superior que se limite a corregir lo que previamente ha dictaminado el órgano competente para ello, que no es sino el tribunal designado para evaluar a los candidatos en el proceso selectivo de acceso a la función pública correspondiente. Únicamente, y a modo de excepción, si los motivos de impugnación tienen que ver con alguna de las respuestas dadas (con el contenido objetivo de las mismas), siendo dichas respuestas de calado meramente jurídico, y se propone desde un punto de vista probatorio de manera adecuada en el momento procesal oportuno aludiendo al por qué ello es relevante y en qué términos, el juez podría convertirse en una suerte de órganore-evaluador del criterio del tribunal de oposición[insistimos en que son muchísimas las sentencias que dejan muy claro que no se puede pretender llevar el examen (las respuestas) sin más a los tribunales para que estos determinen si el candidato es apto o no].Aludiremos en otro artículo a cómo se despliega lo que acabamos de plasmar en este artículo en relación con la vía administrativa en la que, y de manera muy dramática, todo cambia.

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