administración pública

Se ha hablado mucho en los últimos tiempos acerca de los derechos que tienen los funcionarios interinos al servicio de las administraciones públicas. No en vano en los meses de 2018 transcurridos, y en relación con un asunto tan crítico como lo es el de la finalización de la relación de trabajo al terminar el motivo que dio lugar a la entrada del interino en la administración pública, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (“TJCE”) se ha pronunciado de forma contradictoria en dos ocasiones, una para resolver que los funcionarios interinos al terminar la relación de trabajo debían ser indemnizados con 20 días de salario por año trabajado (al igual que sucede con el personal laboral por considerarse un despido por causas objetivas), y otra para negar tal cuestión (se entiende que por presiones del Gobierno de España por el altísimo coste que ello habría tendido para las arcas públicas). Por tanto, y más allá de la claramente fraudulenta utilización de la figura del funcionario interino en España (catalogado como de larga duraciónpor el Tribunal Supremo cuando la interinidad dura más de cinco años), las distintas tipologías de contratación por parte de la administración pública en España quedan delimitadas (en conjunto “empleados públicos”)por el funcionario de carrera, el funcionario interino y el personal laboral (indefinido o indefinido no fijo). Vamos llegados a este punto a tratar una relevante cuestión respecto de la figura del personal laboral indefinido no fijo (que hace las veces de funcionario interino pero en base a una relación laboral y no funcionarial).

Indudablemente, el personal laboral indefinido no fijo, es decir, el que está trabajando hasta que cesa el motivo por el que se le contrató tras el correspondiente concurso público (dejamos de lado el concepto, tan proceloso, de personal de confianza que es contratado “ad hoc”), no agota sus derechos en el hecho de que se les abone una indemnización de 20 días por año trabajador al terminar la relación de trabajo(cuestión ésta que dicho sea de paso hace que el funcionario interino sea discriminado sin razón alguna más allá de lo que haya resuelto recientemente el TJCE). Esto es así porque dichos trabajadores públicos, tienen regulada su relación por el Estatuto de los Trabajadores en vigor en cada momento, y en consecuencia es ésta la norma que delimita sus derechos y obligaciones. Aludimos a esto porque recientemente en el Despacho nos ha entrado un caso en el queun conjunto de personas que tiene una relación de trabajo laboral no fija desde hace 13 años (evidentemente y de facto ya convertida en indefinida por aplicación del propio Estatuto de los Trabajadores) nos puso de manifiesto que estaban realizando funciones superiores a las que motivaron su contratación (de una categoría mayor),y que ello no solo era así sino que no se les estaba pagando dichas funciones superiores por falta de presupuesto (el gran agujero negro en España cuando de relaciones laborales se refiere). Su pregunta fue si se podía hacer algo, y por decirlo en términos llanos, claro que se puede hacer algo cuando esta circunstancia se ha venido produciendo durante años (mucho más de hecho si el empleador es una administración pública que debe ser mucho más pulcra que las privadas a la hora de observar o inobservar determinadas prácticas).

En particular, la normativa laboral lo que viene a determinar en estos casos en concreto (y la casuística por razones obvias es siempre tremendamente relevante) es que las funciones de categoría superior deben ser reconocidas y abonadas, no solo por una mera cuestión de derecho laboral puro y duro que tiene que ver con los, precisamente, derechos de los trabajadores, incluidos como hemos dicho los de carácter retributivo, sino también para evitar que el empleador ponga en peligro la prestación profesional del trabajador por distintos canales (entre ellosel hecho de que una persona sea despedida por no realizar correctamente las funciones que por categoría en principio no le corresponden). También aquí y en este caso todo el procedimiento comienza con una solicitud formal de los empleados, en este caso a un ayuntamiento, para tratar de evitar el ulterior procedimiento judicial y obtener el reconocimiento de los derechos de la manera más rápida posible, para posteriormente, y en su caso,presentar una demanda ante la jurisdicción social con el objeto de obtener de manera forzosa lo que la administración pública correspondiente no ha querido reconocer.

0
Comentarios

    Deja un comentario

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *