Los funcionarios interinos y la opinión de la Abogacía General de la UE

La Abogacía de la UE emitió el pasado mes de octubre un informe sobre la complicada relación entre la normativa europea (y su Acuerdo Marco sobre temporalidad en las relaciones de trabajo) y la jurisprudencia española en esta materia (básicamente las Sentencias del Tribunal Supremo que se emitieron en el otoño de 2018). El informe propiamente dicho es relevante porque las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas suelen seguir, en términos llanos y a pies juntillas, las determinaciones de la Abogacía, es decir, que ésta influye de manera más que notoria en la jurisprudencia comunitaria.

Lo que la Abogacía ha entendido es que los nombramientos sucesivos por parte de las administraciones públicas, en relación con los funcionarios interinos, no implica por sí misma el que deba su relación convertirse en indefinida, y por tanto que el Acuerdo Marco Europeo al respecto no es incompatible con la interpretación que de esta cuestión se hace en España. A esto se le debe añadir el hecho de que también, definitivamente, y precisamente por todo lo anterior, se ha sancionado, negándolo y de forma definitiva, el que a los funcionarios interinos cesados se les indemnice de manera automática (siempre dejando al margen la cuestión relativa o vinculada a los daños y perjuicios en el supuesto de hecho de que los mismos puedan probarse). No deja de ser relevante en relación con esto último que la Abogacía ha propuesto, de cara a la evitación de abusos futuros, que se apruebe en España en términos normativos una indemnización a tanto alzado en el supuesto de incumplimiento de los ratios de temporalidad.

Vaya por delante que no son pocos los que piensan, y no sin razón, que lo anterior, esto es la no conversión de la relación interina en indefinida tras el quebrantamiento de la normativa por parte de la administración pública, es discriminatorio respecto de los contratados suscritos por la administración en términos laborales y por lo tanto sometidos a esta legislación (incluidos, y sobre todo, aquellos que tienen un contrato laboral de duración determinada), y que también los hay que entienden (sobre las opiniones ya se sabe) que en realidad no hay discriminación porque a los que se les contrata de manear indefinida el despido o el cese les afecta en base a una casuística que no era previsible, mientras que tal circunstancia no se da en el caso de los funcionarios interinos (precisamente comparar relaciones indefinidas con temporales en este orden de cosas, en materia de no discriminación, no parece muy apropiado). Ésa es de hecho la gran cuestión, a los interinos no se les indemniza porque tendiendo la condición de funcionarios saben desde un principio que su nombramiento es temporal, pero no se tiene en cuenta que la administración ha abusado de dicha temporalidad causándoles un perjuicio. La problemática radica en eso precisamente.

Así las cosas, y a la luz del informe emitido por parte de la Abogacía General de la UE la pregunta que todos se hacen es si, y por el hecho de que haya habido contratos sucesivos en el caso de los interinos que son cesados, puede seguir haciéndose algo. En realidad, cuando hay norma de cobertura que habilite el cese lo normal es pensar que no, dado que la administración no está incumpliendo la normativa vigente en la materia, pero no podemos olvidar que el informe al que aludimos se refiere principalmente a la compatibilidad de una normativa europea con la jurisprudencia Española, que sí sanciona la vuelta del funcionario a la actividad cuando, y en el caso de amortización de plaza, no se puede acreditar por parte de la administración que la plaza verdaderamente debía amortizarse, es decir, que tras el quebrantamiento de los ratios de temporalidad se cesa al funcionario de manera gratuita. En tal sentido, si el cese del funcionario se produce por la inclusión de la plaza en un proceso selectivo, nada obsta a que se considere que si dicha inclusión no estaba justificada, por mucho que la administración tenga derecho a incluir la plaza en el concurso oposición que corresponda, la vuelta es defendible en el entendido de que si no se considera la cuestión de tal manera se está produciendo una discriminación con respecto a los funcionarios que ven amortizada la plaza. En nuestra web oflegal.es podrá encontrar algún ejemplo más de artículos en los que hablamos acerca de esta innovadora interpretación esta cuestión.

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