Los funcionarios interinos y las relaciones laborales no fijas

Resulta evidente que cuando un funcionario interino, que lo es en base a un concurso-oposición o la pertenencia a una lista tras dicho concurso, está durante mucho tiempo en esa situación (la de interinidad), el beneficio de tener un trabajo aparentemente seguro en la Administración no absorbe el temor a perder dicho trabajo. Es lógico pensar que si bien es mejor tener una posición de funcionario interino que no tenerla, en el entendido de que el empleador es la Administración pública y no un privado, algo falla en nuestro sistema de acceso a la función pública cuando personas que ingresan en la misma de manera temporal y por razones de urgencia en relación con la ocupación del puesto (características principales de la entrada en la función pública mediante interinidad) ven como la extensión de su relación de trabajo a nivel funcionarial no es sinónimo de seguridaden lo que al ejercicio de determinados derechos se refiere, a pesar de que es la propia Administración la que promueve tal circunstancia.

Nuestro Tribunal Constitucional ya dejó sentado en su momento el concepto de “funcionario interino de larga duración” en Sentencias de 20 de diciembre de 1999 y 24 de julio de 2000, y el Tribunal Supremo lo hizo de forma mucho más reciente en otra de 30 de junio de 2014, siendo el cumplimiento de un periodo de cinco años en la función pública el que permite que a un funcionario interino se le considere de larga duración, con todo lo que ello conlleva. Ríos de tinta y numerosas sentencias han caído sobre esta cuestión pero, ¿qué conlleva, o qué implica, que uno sea funcionario interino de larga duración?, ¿da ello lugar al hecho de que se pueda ejercitar algún derecho?, lo cierto es que sí.

Si bien el ostentar una plaza funcionarial en propiedad únicamente puede producirse bajo la premisa o la condición de haberse superado con carácter previo una oposición en base a los principios de mérito, capacidad e igualdad sancionados en el EBEP, lo cierto es que la situación en la que se encuentra un funcionario interino de larga duración puede asimilarse a la del empleado público indefinido no fijo en base al principio de no discriminación. Un funcionario interino que lleve más de cinco años en la Administración puede ser considerado, “de facto”, personal indefinido no fijo con relación de índole laboral (y puede solicitar tal reconocimiento), desde el momento en el que es la Administración la que provoca tal situación, la que transgrede los principios legales que rigen la interinidad funcionarial y la que en consecuencia saca partido de tal transgresión (en este caso por tener voluntariamente a una persona durante años trabajando y realizando funciones estructurales, reconociendo la necesidad de que esté en su puesto, pero sin darle la oportunidad de hacerse con la plaza mediante oposición).

No debe olvidarse en este sentido que recientemente ha habido una Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 14 de septiembre de 2016 (asunto C-596), que ha determinado, precisamente en base al principio de no discriminación, que cuando una persona es despedida de la Administración habiendo estado previamente en una situación funcionarial de interinidad mediante el encadenamiento de diversos y distintos periodos, realizando labores de índole estructural como la de aquellos que sí tienen una relación indefinida por ser funcionarios de carrera, debe ser indemnizada como si la relación hubiese sido indefinida (equiparando las relaciones funcionariales con las laborales). El argumento es el de que no pueden tratarse situaciones iguales de manera desigual. Ello es importante porque la vocación del pronunciamiento, claramente, es el de que se equiparen situaciones de interinidad de larga duración con las de los trabajadores indefinidos aunque sean no fijos, al menos a nivel indemnizatorio, y en tal sentido, si interino de larga duración es el que encadena distintos periodos de esa forma durante años, también lo es a estos efectos el que está en esa situación tras una única incorporación. Ello se ha visto matizado (a favor de los funcionarios interinos) en dos sentencias del Tribunal Supremo de España, las cuales permiten casi de facto no solo que el funcionario interino reciba una indemnización cuando menos de daños y perjuicios al ser cesado, sino que incluso pueda defender el blindaje de la relación que ha venido manteniendo con la administración durante tantos años (es decir evitar el cese o anularlo si se ha producido)

0
Comentarios

    Deja un comentario

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *