MÉTODO DE TRASLADO DE PRUEBA EN LITIGIOS DE EXPROPIACIÓN

En relación con los litigios de expropiación, y en ocasiones,las sentencias son muy duras con los letrados que llevaron el asunto porque, entre otras cosas, determinan que muchas de las cuestiones que fueron esgrimidas para aumentar el justiprecio no se acreditaron correctamente en el escrito de demanda. En particular no es extraño que la sentencia aluda a que no se solicitó prueba pericial para demostrar algunas de las afirmaciones realizadas en dicho cuerpo de la demanda, así como a que tampoco se llamó a declarar al perito que había participado como técnico de parte en la vía administrativa.No podemos olvidar que según jurisprudencia más que consolidada, las resoluciones de los jurados provinciales de expropiación forzosa tienen presunción de acierto o veracidad, es decir, que cuando se va a pleito para tratar de aumentar el justiprecio obtenido por los bienes expropiados hay que demostrar que el jurado provincial o la comisión territorial de valoración no realizaron el mejor de los trabajos en esta materia, ya fuese a nivel legal o técnico.

Hay muchas maneras de desplegar argumentos o de probar las cosas en sede judicial, y el de la prueba pericial en esta materia, la relativa a las expropiaciones, es un gran ejemplo. En un reciente caso que pudimos ver, en la vía administrativa se presentó una pericial (que evidentemente lo era de parte) para justificar, mediante informe topográfico, que la superficie total de la fincaera en realidad 13.000 m2 mayor, con todo lo que ello conllevaba respecto de la indemnización por demérito. Pues bien, se da la circunstancia de que en la demanda el letrado que llevó el asuntoreiteró este argumento, y lo defendió por la vía de dar por reproducido, aportándolo de nuevo, el informe topográfico ya esgrimido en el recurso administrativo ante la comisión territorial de valoración correspondiente. La sentencia rechazó de plano reconocer los 13.000 m2 de más bajo el argumento de que ello ya había sido defendido en vía administrativa, que la comisión territorial de valoración lo había rechazado con argumentos sólidos, y que nada nuevo se había dicho o aportado en el procedimiento judicial propiamente dicho. Ya aludiremos en otro artículo a por qué esto es un drama en términos procesales (sobre todo en materia de recurso de casación que es el único que cabe en este orden de cosas).

Resulta indudable que el letrado que representa a un cliente en este tipo de pleitos tiene tres opciones, dos son más económicas y otra es más costosa aunque no necesariamente mejor (en todo caso las pruebas periciales hay que pagarlas). La más barata, por decirlo en términos llanos, consiste en que un técnico experto en la materia valore los bienes (de forma no totalmente parcial ya que es un proveedor de servicios pero en todo caso de manera profesional y justificada), volcar el resultado de su trabajo en la hoja de aprecio que se presenta en vía administrativa pero sin aportar el estudio propiamente dicho, y posteriormente en el pleito (si sus argumentos valorativos no han sido acogidos por el jurado provincial de expropiación) reiterarlos mediante el aporte, ahora sí, de la prueba, llamándosele además a declarar para ratificarse en su informe. De esta forma se paga la prueba una vez, se presenta también una sola vez (en este caso en sede judicial), pero de facto se alude a ella dos veces, una en la vía administrativa y la otra en la judicial. La segunda opción más barata es no pedir informe en la vía administrativa (tiene sus riesgos), y luego solicitar uno judicial (nombrado por insaculación por parte del juez), de esta manera también se paga la prueba una sola vez. La tercera consiste en abonar un informe en la vía administrativa, y luego otro de un perito diferente en la vía judicial que ratifique lo más posible lo realizado por el anterior (en este caso se están abonando dos informes).

Lo que nunca, evidentemente, puede ser una opción, es confiar plenamente en que el trabajo de valoración realizado en vía administrativa por un profesional sea posteriormente acogido por el tribunal cuando la comisión territorial correspondiente ya lo ha rechazado, porque, y dejando al margen los errores de bulto, los tribunales están obligados a darle a las resoluciones de los jurados provinciales presunción de veracidad. En otras palabras, la insistencia argumentativa, en esta materia, nunca puede ser una opción.

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