1.- Suele ser muy normal que aquellos que no resultan adjudicatarios de una plaza de funcionario tengan la pretensión de contratar a un abogado a los efectos de que sean ellos finalmente los “elegidos”, por la vía de atacar la adjudicación de la plaza realizada favor de terceros. Vaya por delante que en estos ámbitos no hay buenos o malos sino intereses contrapuestos, ya que no pocas veces el que impugna es finalmente el adjudicatario (se produjo una injusticia), y en no menos ocasiones el adjudicatario de la plaza la conserva (por lo que justamente mantiene una posición ganada con mucho esfuerzo).

Lo cierto es que el elemento más característico es el de impugnar un procedimiento selectivo o concurso de méritos, y más en particular que un demandante vaya contra una valoración que en concreto haya sido realizada respecto de una determinada persona en relación con alguno de los epígrafes que afectan al baremo de meritos, con el objeto de obtener finalmente la plaza mediante el aumento, a nivel judicial, de su puntuación.

2.- En este orden de cosas, se da la circunstancia de que la Administración, como no podía ser de otra manera, intenta defender su posición y por lo tanto hacer preservar su acto administrativo mediante el intento de tratar de rebajar la puntuación que inicialmente se le dio al demandante, utilizando para ello informes autorizados, en el entendido que estas cuestiones no lo son tanto de “hecho” como de “derecho”.

Es por ello que recientemente, un Tribunal ha dictaminado en relación con la argumentación en tal sentido en sede de procedimiento judicial que;

“En todo caso, respecto a la obligación de tomar en consideración el referido informe, debe precisarse que nuestra precedente sentencia no se pronunció sobre el valor que deba atribuírsele, sino exclusivamente sobre su necesaria toma en consideración. Y esa toma en consideración debe partir del análisis de fondo de su eventual valor probatorio para la corrección de las puntuaciones que el órgano de calificación había reconocido a la demandante, lo que es perfectamente compatible con el mandato de nuestra precedente sentencia. Al respecto debe indicarse que el contenido de dicho informe no supone un dictamen sobre una materia de tipo técnico, que entrañe valoraciones en función de criterios técnicos, no jurídicos, que es lo propio de una prueba pericial, sino que es expresión de una pretendida aplicación de la regulación contenida en el baremo del Anexo de la convocatoria, lo que constituye un ejercicio puramente jurídico, impropio de una auténtica prueba pericial”

3.- A su vez, resulta muy común que la Administración le dé con carácter previo (antes de que se produzca el plazo de contestar a la demanda) al que resultó adjudicatario de la plaza la oportunidad de personarse en el procedimiento para que argumente lo que también a su derecho convenga (ni que decir tiene que quien ha sido adjudicatario de una plaza de funcionario siempre se personará para defender lo que tanto tiempo y sacrificio le ha costado).

En particular, el funcionario que se ha personado (y que en consecuencia ostenta la posición de codemandado) siempre intentará, como adjudicatario de la plaza, atacar igualmente la valoración del baremo correspondiente aplicado al demandante, y por tanto el actuar de coadyuvante de la Administración. Ello hace que la estrategia en este tipo de pleitos en materia de función pública que involucran asuntos vinculados a los concursos de meritos estén siempre basados en escenarios de puro ataque tanto para el demandante como para el demandado (al contrario de lo que sucede en no pocos pleitos de índole civil o incluso en procedimientos contenciosos contra otro tipo de actos administrativos).

En OfLegal estamos muy familiarizados con la normativa que regula la prestación de los profesionales que se dedican a la función pública ya sean de carrera o interinos, en un escenario colectivo o individual tanto a nivel estatal como autonómico, en relación con cuestiones tales como los concursos públicos o las que inciden en aspectos vinculados a la remuneración, la promoción, el destino y en última instancia la prestación profesional de un funcionario. Si Vd. desea desarrollar o desarrolla su carrera profesional en la Administración Pública puede consultarnos (en OfLegal no cargamos honorarios por visitas, reuniones o estudios preliminares de asuntos) y comprobar si aquello que le preocupa o afecta, en relación con su carrea en la Administración Pública, puede ser reconducido o defendido.

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