Se consolida por fin el criterio jurisprudencial sobre el cese de funcionarios interinos y su posible blindaje.

Al menos la situación ha cambiado. Tras dos sentencias contradictorias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (que recayeron principalmente sobre la posibilidad de indemnizar a empleados públicos con una relación laboral no fija o de interinidad funcionarial con la administración, inicialmente para aceptar dicho derecho y posteriormente para negarlo tras la alarma suscitada en las propias administraciones), el Tribunal Supremo ha tomado cartas en el asunto y ha cuando menos comenzado a aclarar cómo debe sustanciarse esta cuestión. En particular, y en relación con los funcionarios interinos, el Tribunal viene a determinar que cuando el funcionario en situación de interinidad, por un lado, lo es de larga duración (recordemos que la misma está fijada a partir del quinto año de actividad según criterio del propio Tribunal Supremo), y ha desarrollado por otro funciones estructurales propias de los funcionarios de carrera, el cese ya no es libre, pudiendo ello significar básicamente dos cosas; (i) que debe producirse el reingreso por anularse la resolución de cese (ii) que cuando menos procede abonar una indemnización como mínimo por el concepto de daños y perjuicios. Por lo tanto y en pocas palabras,lo que inicialmente era un imposible y posteriormente fue algo dudoso, ahora es un derecho en toda regla que puede ser ejercido ante la propia administración o ante los juzgados de lo contencioso posteriormente con unas indudables posibilidades de éxito.

La pregunta clara y que surge de manera más nítida es por qué esto ahora es así o cuáles son los argumentos por los que el criterio ha comenzado a fijarse. Pues bien;dado que una relación funcionarial interina debe darse conforme a derecho durante un escenario temporal limitado y para circunstancias muy concretas, la clave está en que se entiende que la administración incumple la Ley y utiliza la figura del funcionario interino de manera abusiva al tener a profesionales trabajando en este régimen no solo durante periodos de tiempo superiores a 5 años, sino incluso a 10 o 15 años,realizando además tareas propias de los funcionarios de carrera que trabajan en el mismo servicio o destino. Ello lleva a la conclusión de que quien incumple o abusa de la Ley no puede favorecerse de ella, en este caso cesar al funcionario interino en estas circunstancias para quitarse de encima masa salarial o para darle salida a una determinada oferta de empleo público. No es creíble por tanto según el Alto Tribunal que tras muchos años de prestación profesional casualmente el funcionario interino ya no sea necesario, utilizándose la interinidad como excusa para prescindir de él.

Lo anteriores es tremendamente relevante porque, y aunque no se dice de manera expresa en las sentencias a las que aludimos, las mismas implican de facto un blindaje de las relaciones funcionariales de carácter interino como ya entiende de manera indubitada la doctrina, en el entendido de que (y esto sí lo dice expresamente el propio Tribunal Supremo), si el cese ya no es posible en realidad por no ser creíble el hecho de que llegado un determinado momento, tras muchos años de actividad estructural en cuanto a las funciones desarrolladas, el funcionario interino ya no sea necesario, una vez ha regresado el funcionario interino a su puesto tras haber sido anulado el propio cese tampoco será viable cesarle por ningún motivo con la consecuencia de que la administración deberá encontrarle una figura contractual que le permita seguir trabajando para la administración correspondiente (dicha figura contractual, según la doctrina, sería equivalente en el ámbito funcionarial interino al contrato laboral indefinido no fijo también de creación jurisprudencial por el abuso de la propia administración). En otras palabras, y tal y como ya hemos dicho, que el funcionario, a pesar de ser interino y no de carrera, está blindado.En consecuencia, todo funcionario interino de larga duración (al menos 5 años de permanencia, y cuanto más mejor en ese sentido) que haya desarrollado funciones estructurales propias de los funcionarios de carrera, puede pedirle a la administración el reconocimiento del blindaje, en el entendido de que si dicho blindaje no se reconoce y se produce un cese se estaría entrando en la casuística plasmada en las última dos sentencias del Tribunal Supremo que favorecen a los interinos. Ello implica poner en valor de manera muy pulcra y cuidadosa el particular caso de que se trate (el de cada profesional de carácter interino) con las Sentencias y la normativa de la función pública, y establecer un determinado hilo argumental que dé lugar al reconocimiento.

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