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Tenía que ocurrir y al final así ha sido. Tras la dos últimas sentencias del Tribunal Supremo, en particular del otoño de 2018, sobre el incumplimiento de las administraciones públicas en relación con el personal no fijo que para ellas trabajan (funcionarios interinos, personal laboral indefinido no fijo o temporal mediante la concatenación de contratos de duración parcial durante años), se abre una puerta que, en determinadas circunstancias, va más allá de la mera petición de indemnización o de la nulidad del propio cese. Ya hemos hablado largo y tendido sobre qué se necesita en qué circunstancias debe estarse para que se pueda defender con solvencia, primero en vía administrativa y posteriormente en la contencioso-administrativa de ser ello necesario, dicha indemnización o la nulidad del cese, de tal manea que ahora vamos a centrarnos en algo de lo que no se habla tanto pero que tiene o puede tener una importancia capital con respecto a las carreras de no pocos profesionales de carácter no fijo que trabajan para las administraciones públicas. Nos estamos refiriendo al reconocimiento (mediante la petición de un pronunciamiento) del blindaje “de facto” del trabajador. Decimos “de facto” porque no hay un derecho puro y duro, entiéndase material, que ejercer cuando el cese no se ha producido todavía (como si ocurre cuando éste es objeto de notificación primero y de ejecución después), sino la persecución a título personal de la creación de una situación en la que se deja claro que el cese, si se produce a futuro, puede acarrear el hecho de que la administración entre en la casuística que precisamente las referidas sentencias del Tribunal Supremo pretende evitar. Ello se sustancia de la siguiente manera.

Partimos de la premisa de que toda persona puede dirigirse a la administración pública solicitando lo que sea menester, y que la falta de contestación implica la desestimación de lo pretendido, es decir, la posibilidad de que pueda acudirse a la jurisdicción contencioso-administrativa para que ésta supla la desestimación propiamente dicha o la falta de actividad (la ausencia de contestación). Pues bien, en tal sentido, cuando un funcionario interino (o un profesional de carácter laboral no fijo)que lleva años en plural (preferentemente más de cinco) realizando funciones propias de los funcionarios de carrera o del Servicio de que se trate, dándose la circunstancia de que la figura de la interinidad, como ya hemos dicho en no pocos artículos, no está diseñada desde un punto de vista legislativo para ello (para tal escenario temporal),es perfectamente argumentable u oponibleque dado que la administración está en situación, no tanto de fraude de ley (figura de la que se abusa mucho y que no es tan fácil que se devengue) como de abuso de posición contractual, ya no es plenamente libre para cesar puesto que de hacerlo estaría entrando desde un punto de vista material en las casuísticas que el Tribunal Supremo ya ha dicho que no deben darse o producirse.

Lo anterior daría lugar no tanto al hecho (por imposible) de que la administración (o un juez posteriormente) reconozca que el profesional (funcionario interino o trabajador de carácter laboral no fijo) ostente una posición de funcionario de carrera (que no puede arrogarse dado que no se ha ganado dicha plaza de por vida) o de trabajador indefinido (que requiere igualmente una oposición específica a tal efecto),como al de que, y por decirlo en términos genéricos, ya no van a poder ser cesados sin que se dé un incumplimiento por parte de la administración pública. Ello por tanto implica un “de facto” (de hecho, de ahí el concepto) blindaje del trabajador temporal o funcionario interino, que asegurará su trabajo de forma temporalmente larga a pesar de que su plaza no lo sea conforme a la normativa que resulta de aplicación.En consecuencia no estamos hablando de solicitar la permanencia por y para siempre porque se tenga Derecho a ello, sino de obtener un pronunciamiento que proporcione estabilidad temporal, precisamente la que “per sé” no tienen los trabajadores que no ostentan plaza de funcionario de carrera o de personal laboral indefinido de la administración. Nótese que, evidentemente y como es lógico, por el mero hecho de solicitarse dicha estabilidad por la vía delblindaje “de facto”, ya se produce con respecto a la relación laboral o funcionarial un claroparapeto, ya que si la administración, se pronuncie inicialmente o no, es conocedora de que a su vez el profesional tiene claro qué Derechos tiene, lo normal es que la propia administración se cuide muy mucho de tratar de prescindir de sus servicios a futuro (que precisamente es donde está la protección).

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