Sobre las solicitudes de compatibilidad en el ámbito funcionarial.

La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración del Estado, constituyen el marco regulador básico respecto de la solicitud de compatibilidades por parte de los funcionarios públicos para realizar actividades privadas. En relación con los funcionarios del Grupo A1 (nótese que, por lo general, y aunque sea de manera subsidiaria, este marco regulador igualmente le afecta a los funcionarios públicos de administraciones autonómicas o municipales), el artículo 2.1 a) de la primera de las Leyes referidas determina que la misma le será aplicable al personal al servicio de las Administraciones públicas del Estado o sus organismos dependientes. Dicho lo cual, y como veremos a continuación, por lo general los funcionarios públicos pretenden realizar una actividad que en ocasiones tiene que ver con la que ya vienen desempeñando (si bien no en todos los casos), ya sea mediante la constitución de una Sociedad o como profesionales autónomos. Esa equivalencia, es la que marca el devenir de la cuestión, y no siempre como parece. Lo que está claro es que cuando la actividad a realizar es totalmente distinta a la que se viene prestando en la Administración, todo es más fácil.

En este último sentido, el artículo 11.1 de la Ley 53/1984, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.3 de dicha norma, prescribe que el personal comprendido en su ámbito de aplicación no podrá ejercer actividades profesionales terceras, ya sea por cuenta propia o mediante una relación laboral, incluyéndose también en este caso el concepto de persona interpuesta, que tengan una relación directa con las desarrolladas en la Administración pública en la que se esté prestando el Servicio como funcionario. Pues bien, esto debe matizarse de la siguiente manera; la incompatibilidad en relación con las segundas actividades se ciñe a aquellas que impidan o menoscaben el cumplimiento de los deberes públicos o la independencia de los propios funcionarios. Por otro lado, la Ley insiste especialmente en asuntos en los que el funcionario haya participado por razón de su puesto público durante los dos años previos al desempeño privado que pretende ejercerse, incluyéndose la pertenencia a consejos de administración, entidades privadas o contratistas de obras.

Así las cosas, la prohibición que instituye la Ley 53/1984 no le debe de resultar de aplicación a los funcionarios públicos si su desempeño, sus funciones, como miembros de un determinado Cuerpo de la Administración del Estado al que puedan pertenecer, no pueden considerarse incompatibles con la actividad a título privado pretendida o si no existe el menoscabo referido o si la propia actividad no incide en asuntos en los que el funcionario público haya participado por razón de su cargo durante el periodo mencionado. Dicho de otra manera, y dándole la vuelta al argumento, estando aquí la clave, la conclusión debería ser la misma aunque se entendiese que las actividades pública y privada sí tienen una relación directa, en el entendido de que el espíritu de la norma es el de impedir el desarrollo de actividades privadas que; (i) menoscaben el cumplimiento de deberes públicos o comprometan la independencia o imparcialidad del funcionario y (ii) entren en conflicto de intereses con asuntos en los que haya participado el funcionario en base a su posición pública durante los dos años anteriores.

Por lo tanto, realizar como profesional liberal, en base a una compatibilidad otorgada por la Administración y previamente solicitada, una actividad equivalente a aquella que se está realizando en la Administración, es posible, ya que hay que entrar en el matiz de la cuestión para verdaderamente discernir si hay o no hay menoscabo, o si hay conflicto entre lo realizado por el funcionario durante los últimos dos años y lo que pretende acometer a título privado. En próximos artículos veremos cómo pueden articularse estas actividades, en el entendido de que hay diversas opciones existentes, esto es, constitución de una sociedad de carácter mercantil, una sociedad profesional o el propio acometimiento de la actividad como autónomo. El asunto no es baladí porque las implicaciones no solo pueden ser fiscales, sino también de índole legal dado que las Administraciones públicas observan con detenimiento dichos mecanismos de actuación, siendo todo al final observado y medido de cara a la resolución final.

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