Resolver y sobre todo evitar problemas es nuestro trabajo.

Aquí tiene algunos ejemplos.

Solicitamos la jubilación forzosa de un funcionario de la Administración pública

Nuestro cliente tiene una situación de discapacidad muy alta y acude a nosotros para consultar las posibilidades de jubilarse de manera forzosa. Dada la casuística, se procedió en primer lugar determinar si, como parte integrante de las clases pasivas del Estado (funcionario de la administración de justicia) podría tener derecho a jubilarse en base a esta figura. Ello se determinó como posible porque el cliente llevaba trabajando 17 años para la administración estatal, y tenía por otra parte 8 años cotizados al régimen general de la Seguridad Social (no cumplía requisitos para solicitar la jubilación por edad o voluntaria, pero sí que entraba en los parámetros de la jubilación forzosa por incapacidad).

No obstante, la cuestión no radicaba únicamente en este elemento, ya que el cliente necesitaba el reconocimiento de una situación de incapacidad (distinta a la discapacidad) de carácter absoluto y por lo tanto superior a la total (no bastaba por tanto con la alta discapacidad que tenía reconocida que podía dar lugar solo a subsidio). Ello motivó primeramente el inicio de un expediente administrativo (solicitud) ante la correspondiente Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social con el objeto de pasar el correspondiente tribunal médico. Una vez emitida la resolución del tribunal, se pasará a la fase de petición de reconocimiento de la situación de jubilación forzosa para obtenerla, preferiblemente, en vía administrativa.

Nos personamos ante el Tribunal Supremo

Oflegal comparece ante el TS, tras tener el TSJ de Castilla y León en Burgos por preparado su recurso, para impugnar la valoración de unas fincas rústicas expropiadas. Estamos orgullosos y es por algo. Tras la última reforma del recurso de casación aprobada en 2015, desaparece la cuantía límite de 600.000 € para acudir a la casación pero se introduce la figura del “interés casacional objetivo” como requisito indispensable, en el entendido de que el objeto de debate debe trascender del particular interés del apelante, por mucha razón que pueda tener, y afectar a una pluralidad de personas o al interés general.

La dureza de la reforma alcanza a los requisitos formales del escrito de preparación ante el órgano de la instancia. Tales son, que no solo hay que respetar escrupulosamente los argumentos de fondo y los apartados del mismo según el nuevo texto de la LJCA aprobado, sino que por acuerdo del TS sancionado por el Consejo General del Poder Judicial se fijan de cara a los escritos, entre otras muchas, el tamaño de la letra en función de que se reproduzca texto, doctrina o jurisprudencia, la fuente, el interlineado y el número de caracteres y folios. El incumplimiento puede dar lugar al traste con la casación sin que quepa en tal sentido más que un recurso de queja del que conocería el mismo tribunal de la instancia. En boca de un reputado Catedrático, “el filtro está ahí y ahora se verá quién es buen abogado y cuida los escritos y quién no.

Recurrimos la convocatoria de un concurso-oposición en un ayuntamiento.

Tras ser publicado en el correspondiente boletín autonómico se impugna en base a argumentos tales como la arbitrariedad en relación con la necesidad del mismo dada la particular casuística interna existente, la vulneración del derecho a la carrera profesional de funcionarios del Ayuntamiento, y el incumplimiento de la legal tasa de reposición en la materia que en este caso, y en principio, imposibilitaría entre otros el nombramiento de personal estatutario temporal y la designación de funcionarios interinos excepto en supuestos urgentes e inaplazables según Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. No puede olvidarse que el nombramiento de funcionarios interinos, en cuanto a los motivos del mismo, debe estar justificado por razones organizativas y debe ser temporal hasta que el motivo que llevó al nombramiento desaparezca.

En relación con la estrategia procesal nos hemos decantado por la interposición directa del recurso contencioso-administrativo, sin presentación por tanto de recurso de reposición en vía administrativa, ya que elementos personales desaconsejaban no solo el hacerlo sino el dar pistas sobre la futura estrategia argumental. Evidentemente, y precisamente por dicha estrategia, se ha interpuesto a su vez una solicitud de medida cautelarísima y subsidiariamente de medida cautelar a los efectos de tratar de parar el acto tal cual fue aprobado, antes de que el órgano judicial se pronuncie sobre el recurso en sede de sentencia.

Defendemos con éxito la posible inhabilitación de un funcionario.

Nuestro cliente, un funcionario municipal, se puso en contacto con nosotros porque el Ayuntamiento para el que trabajaba le abrió un expediente informativo por bajo rendimiento y unas supuestas quejas de ciudadanos en la tramitación de sus iniciativas. La apertura de dicho expediente, como es preceptivo en estos supuestos, podía dar lugar a uno de carácter disciplinario y acarrear la inhabilitación. Nuestro trabajo consistió en la presentación de unas alegaciones para evitar la apertura de lo que verdaderamente podía hacerle daño al cliente, como lo era la incoación del meritado expediente disciplinario, que ya implicaba tener que realizar alegaciones previas a resolución y, en su caso, presentar recurso administrativo (con el correspondiente riesgo de un contencioso a nivel judicial que por razones obvias siempre es mejor evitar).

Finalmente, tras presentarse las alegaciones, el cliente fue citado en trámite de audiencia al que acudió con nuestro asesoramiento previo, y la clara consigna de referir cualquier respuesta a las alegaciones presentadas (las cuales no venían sino a dejar bien sentado, y sobre todo acreditado desde el punto de vista de la presunción, que las irregularidades no provenían de la falta de diligencia del cliente sino de la ausencia de medios y de formación por parte del Ayuntamiento). Finalmente el expediente informativo no dio lugar al de carácter disciplinario, objetivo inicial que se tenía dado que no hay mejor defensa que la evitación de procedimiento, por lo que el cliente no debió enfrentarse a tan desagradable cuestión.

Defendemos con éxito a un local comercial multado

Nuestro cliente, un local, tuvo una inspección por parte de la policía. Los agentes preguntaron a una serie de personas que estaban fuera del local y que ya habían sido apercibidos por el propietario qué estaban consumiendo y los interesados manifestaron que bebidas alcohólicas. La policía levantó acta de lo acontecido y se inició un procedimiento sancionador. El cliente fue sancionado por algo más de 30.000 €, una cantidad que bien podía hacer que tuviese que cerrar su negocio y que algunas personas perdiesen su trabajo. En base al principio de que la sanción no puede ser más onerosa, sobre todo para terceros, que la que la propia norma persigue, nos llevó a plantearnos si la vía administrativa no fructificaba la, cuando menos, suspensión cautelar del acto administrativo hasta sentencia

Finalmente no fue necesario. OfLegal consiguió dejar sin efecto la sanción en vía administrativa por falta de diligencia probatoria por parte de los agentes, quien en una cuestión tan sensible, y pudiendo hacerlo, no tomaron muestras de las consumiciones y basaron el acta que dio lugar a la sanción únicamente en la declaración de terceros. Ello provocó que prevaleciese el principio de presunción de inocencia, también aplicable al ámbito administrativo además de al penal, sobre el hecho de cobrar la sanción.

Impugnamos el traslado de un funcionario de la Administración del estado.

El cliente, alto funcionario del Estado, se ve trasladado vía comisión de servicios. Ello es muy gravoso porque la nueva actividad no es de su agrado y pierde un complemento de productividad. Recurrimos el acto en reposición. La norma implicada es el Artículo 66 del Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado. Su artículo 66 no deja la cuestión en manos de la unilateralidad, sino que establece ciertos requisitos como el desempeño temporal, que nadie realice estas funciones en el destino o que coyunturalmente dichas funciones no puedan ser atendidas de manera suficiente.

La propia naturaleza del complemento hace que inicialmente no pueda tener la consideración de retribución fija o periódica, por lo que su percepción prolongada en el tiempo no está ligada al puesto de trabajo en sí mismo y no genera en el funcionario el derecho futuro a seguir percibiéndolo. Por ello, el complemento no tiene porqué persistir. No obstante, y por la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos consagrada en el artículo 9.3 de la Constitución, la supresión tiene que quedar claramente acreditada por cuestiones vinculadas al menor rendimiento o iniciativa o a su no procedencia por el tipo de trabajo a realizar.