¿Y si me cesan como interino, al final estoy protegido o no?.

Durante los últimos, directamente, años, y tal y como todos los afectados conocen, han corrido ríos de tinta tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial en relación con el cese de los funcionarios interinos y los derechos que los mismos pueden ostentar en tal circunstancia. Como ya es sabido, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas resolvió la cuestión, en dos momentos diferentes y en base a un informe previo de la Abogacía General de la UE, al menos en dos aspectos, a saber; el hecho de que la Administración pública transgreda los ratios de temporalidad, aunque sea de manera clara, es decir, durante literalmente años, no implica, “per se”, el hecho de que el funcionario interino pueda o deba ser reintegrado en sus funciones tras cesado de manera automática (es decir, que la temporalidad no se convierte en una situación contractual indefinida). A su vez, el cese tampoco conlleva una indemnización tal y como sí la tienen reconocida los empleados de carácter laboral, ya sea con una Administración pública ya sea con una empresa privada. El motivo clave, en términos argumentativos, no ha sido otro más que el entender que las jurisdicciones laboral y administrativa son distintas.

Dicho lo anterior, la pregunta que muchos interinos se hacen es, ¿y ahora qué pasa conmigo en caso de cese?, ¿no estoy protegido en ningún caso?. La respuesta es que sí hay protección, si bien no directamente aplicable dado que hay que acreditar una serie de cuestiones ante la administración o, presumiblemente, ante los juzgados de lo contencioso-administrativo (las propias Administraciones no darán su brazo a torcer, ya que en ello les va el presupuesto). En particular, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, si bien dictaminó lo ya sabido, dejó al albur de las normativas internas las consecuencias en caso de cese cuando se dan determinadas circunstancias. Dicho lo cual, en España existe un asidero en términos legales (en este caso jurisprudenciales) que puede utilizarse para que el funcionario interino sea resarcido en términos económicos, e incluso para que vuelva a su puesto de trabajo. El Tribunal Supremo, en sendas Sentencias de octubre de 2018, dejó sentado que si la administración amortiza el puesto de trabajo de un funcionario interino sin justificación (no bastando para que dicha justificación exista el que se elimine sin más la posición de la relación de puesto de trabajo, es decir de la RPT), el funcionario pude tener derecho a volver, y además de manera indefinida, es decir, sin que sea posible el cese posterior.

Lo anterior se produce, en pocas palabras, cuando la posición del interino lo ha sido estructural y además ha habido concatenación de contratos temporales con periodos de interinidad funcionarial de manera sucesiva. En estos casos, si además y como decimos la Administración, más allá de aprobar la amortización de la plaza, no puede justificar que la misma ya no sea necesaria, se puede entender que más allá de la temporalidad y de la no existencia de la plaza en propiedad el cese no es posible, por lo que la consecuencia es que el funcionario interino regresa a su puesto sin que se le pueda remover del mismo. Tan es así, tan innovadoras fueron estas Sentencias, que el Tribunal Supremo o bien no quiso o bien no pudo determinar qué figura jurídica debería implantarse para que la resolución del caso sea la antedicha (también es cierto que en principio tal cuestión no le corresponde a él y sí al legislador). Por tanto, no es, insistimos, automático, pero si se dan una serie de requisitos en determinados casos el cese puede anularse.

También afectaron estas sentencias al elemento indemnizatorio (igualmente capado, al menos en su automaticidad, por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas). Si en el recurso administrativo por el que se solicita la remoción del cese se justifican una serie de daños y perjuicios, habiendo existido transgresión de la temporalidad, en el ámbito judicial dichos daños y perjuicios se podrían reconocer (o los propios daños si no hay vuelta al puesto de trabajo o los salarios de tramitación si dicha vuelta sí se produce). Por tanto, y en consecuencia, en realidad la Unión Europea ha dejado abierta una puerta que puede y debe utilizarse, y que no deja de conllevar un argumento, o argumentos, para defender la propia posición en la Administración aunque se sea funcionario interino y no se ostente la plaza en propiedad).

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